El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, anunció este martes que pidió licencia “temporaria” en su cargo, luego de la filtración de chats donde al parecer mantiene diálogos con funcionarios judiciales y empresarios ligados a las concesiones y contrataciones del GCBA. El ministerio quedará en manos del jefe de Gabinete Felipe Miguel.

“Necesito tomarme una licencia temporaria, ordenar mis cosas familiares, preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames a las que pretenden someternos”, dijo D’Alessandro en conferencia de prensa.

“Estamos siendo objeto de una operación infame de un grupo de tareas que violan la intimidad de las personas. Quieren crear el escándalo y una crisis institucional. Necesito tomarme una licencia y contener a la familia”, sumó.

La primera filtración ocurrió a principios de diciembre. Se mostraron capturas y audios de una conversación por la cual se supo que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño (D’Alessandro), el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de todos ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia en Lago Escondido del magnate Joe Lewis. El hecho se investiga por la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

Por este hecho, el presidente Alberto Fernández pidió al bloque de legisladores porteños del Frente de Todos analizar el posible juicio político contra el ministro porteño y el jefe de los fiscales de CABA. Así ocurrió, pero no se alcanzaron los votos ante el rechazo del oficialismo Vamos Juntos.

Luego, se conocieron presuntas charlas de D’Alessandro con el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el conflicto entre Juntos por el Cambio y el FdT en ocupar una de las bancas del Consejo de la Magistratura. También por el fallo sobre la coparticipación donde CABA denunció el recorte inconstitucional de fondos.

Hay también una charla donde supuestamente el ministro porteño habla con un empresario ligado a las empresas de acarreo que hasta mediados de 2022 funcionaron en CABA con contratos vencidos dos décadas atrás. Para la oposición porteña, se vincularía a la entrega de dinero entre partes.