La Inspección General de Justicia (IGJ) inició el pedido de disolución de la firma “Dakota S.A” al presentar un informe y advertir “graves y reiterados” incumplimientos en los balances, registros y estados contables. Es la empresa que se encargó, junto a BRD, del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires. Operó desde 1990 y durante 20 años, hasta 2022, lo hizo con prórrogas de un contrato vencido; en el final pagaba un canon de solo $55.000.

En tanto, el responsable de la firma, Marcelo Violante, supuestamente aparece en los chats filtrados atribuidos al ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro, ahora de licencia. Allí ofrecería “negocios” y “sobres”.

La IGJ empezó a investigar ante esta filtración. “Hicimos una investigación a fondo sobre Dakota. Es una sociedad fraudulenta que encubre a personas que no son los verdaderos socios”, dijo Ricardo Nissen, titular de la Inspección, a Página 12.

“La contabilidad y los libros son absolutamente falsos. Hubo ejercicios con más pérdidas millonarias que ganancias, pero si daba pérdida, ¿cómo hacían para no caer en disolución por pérdida de capital? Muy simple: revaluaban permanentemente el activo. Hacían revalúos técnicos, pero en esa materia la IGJ tiene la última palabra, no se pueden revaluar los bienes sin requerir un procedimiento a cargo de peritos y la autorización final de la IGJ. Ellos no hacían eso y sin embargo incorporaban el revalúo al balance, y así la sociedad no caía nunca en disolución”, sumó.

El contrato original de acarreo se había firmado en 1990, cuando Carlos Grosso era intendente. Desde 2001 la empresa operó con prórrogas del contrato vencido. Desde 2014, pagaba $55.000 de canon.

En septiembre de 2022 el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el contrato con Dakota y BDR. En el GCBA adujeron que se pudo recién en ese entonces tras el fin de un litigio judicial con las firmas. En la oposición empezaron a reclamar, formaron un “frente anti grúas” y aseguran que ante esa presión el GCBA decidió actuar.

El acarreo quedó en manos de AUSA, empresa estatal porteña. La licitación pública por el nuevo servicio de grúas se prorrogó unas cinco veces y esta semana se logró realizar la apertura de ofertas.