El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el Gobierno nacional no ha cumplido lo dispuesto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a los fondos coparticipables.

“No está cumplido”, indicó el mandatario y sumó: “Aún no nos depositaron lo correspondiente”.

“Es la primera vez desde la democracia que no se cumple un fallo de la Corte. El presidente se jactó en el discurso del 1 de marzo, como si estuviera bien. No podíamos esperar más y bajamos el impuesto”, precisó en Radio Mitre.

De todos modos, este jueves la Legislatura porteña aprobó una Ley elaborada por el Poder Ejecutivo para anular el impuesto a las tarjetas de crédito, que regía en CABA desde 2021 tras la quita de fondos coparticipables.

En 2020 el Gobierno nacional recortó fondos coparticipables que recibía el GCBA. La administración porteña presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Además, estableció de forma provisoria este impuesto, a la espera del fallo del máximo tribunal.

A fines del año pasado, la CSJN concedió una cautelar en favor de la CABA. Estableció que Nación debe otorgar al GCBA el 2,95% de los fondos coparticipables.

Durante la gestión de Mauricio Macri como presidente se elevó el monto de 1,4% que recibía CABA a 3,75%. Fue por el traspaso del área de Seguridad de Nación a CABA, lo que permitió el nacimiento de la Policía de la Ciudad. Por el consenso fiscal de 2017 el monto bajó a 3,5%.

En tanto, en 2020 Casa Rosada redujo ese número por decreto a 2,32%, al derivar fondos porteños a la gobernación bonaerense, en el marco de una protesta policial por subas salariales. Luego, ese mismo año se aprobó la Ley nacional N°27.606, que bajó el monto a 1,4%.

El Gobierno porteño dijo que desde 2020 hasta fines de 2022 la gestión capitalina dejó de percibir 250.000 millones de pesos, el 12% de su presupuesto total.

Luego de varias polémicas públicas, la semana pasada Nación oficializó que pagará el monto establecido por la CSJN con bonos TX31 por un monto equivalente a $98.500 millones.

De todos modos, en el GCBA critican esta medida y acusan al Gobierno de Alberto Fernández de hacer trampa. Señalan que la gestión necesita trasferencias diarias de dinero y no este tipo de elementos financieros. Por eso volvieron a acudir a la Justicia.

“Los vecinos no pueden esperar los tiempos de la política y yo no voy a quedarme quieto viendo cómo un Gobierno que quiebra las instituciones toma de rehén a los argentinos”, explicó el jefe de Gobierno este martes antes de mandar el proyecto que en dos días se convirtió en Ley.