La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires fue aceptada como “amicus curiae” en una causa que el gobierno porteño inició contra Basta de Demoler, de la que participará en favor de esta asociación que en 2012 logró frenar la construcción de una estación de subterráneos en una zona no permitida.

En su reciente resolución, el Tribunal en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°6 consideró que “la intervención de la Defensora del Pueblo como Amiga del Tribunal, a través del aporte -de eventual consideración y valoración al momento de sentenciar sobre el fondo de la cuestión- fomenta la participación ciudadana en causas de trascendencia social”.

A través de un comunicado, la Defensoría recordó que “en 2012, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) comenzó la construcción de una nueva estación de la línea H del subterráneo en Plaza Alvear, en violación de las normativas urbanísticas y generando un daño irreparable al hábitat de esa zona”, ante lo cual la ONG y la historiadora urbana Sonia Berjman “iniciaron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar que frenó la obra”.

“Si bien la causa, por una contingencia procesal, no prosperó; el GCBA modificó el proyecto original -en un reconocimiento implícito de que la obra en la Plaza Alvear era irregular y dañaba el ambiente- y definió construir la estación donde actualmente se encuentra la terminal, Facultad de Derecho”, agregaron.

No obstante, el gobierno porteño y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), presentaron tiempo después una demanda contra la Asociación y Berjman “donde reclamaban daños por un monto de más de 23 millones de pesos”.

Ante esta situación, la defensora María Rosa Muiños se presentó ante la Justicia en diciembre pasado para requerir su participación en el juicio en calidad de “amicus curiae”.

La petición de la defensora se fundamentó en la necesidad de defender el derecho al acceso a la justicia de las personas que promulgan un ambiente sano, equilibrado y el respeto de las normas urbanísticas, informó el organo.

“En el caso analizado, surge claramente que la pretensión del GCBA y de la empresa SBASE de reclamar los daños ocasionados por el ejercicio legítimo de un derecho -como es el de acceso a la justicia para tutelar un bien jurídico colectivo- resulta una forma encubierta de imponer un costo a la acción de amparo con el único objeto de desalentar la participación de la ciudadanía en la protección de los bienes culturales de la Ciudad de Buenos Aires”, se afirma en el escrito presentado.