El ahora ex Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, quien se encontraba de licencia en sus funciones, no se reintegrará a la gestión.

Según informaron hoy fuentes del Gobierno porteño, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, “le agradeció su trabajo y valoró su compromiso para lograr que la Ciudad tenga hoy los más bajos índices de delitos de los últimos 28 años”.

El saliente funcionario -envuelto en el escándolo de chats con jueces, fiscales y empresarios en un viaje a Lago Escondido, en el sur argentino- asumió en 2016.

“Hoy, después de siete años de trabajo, gestión y sacrificio, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra”, dijo hoy D’Alessandro.

Y sostuvo: “Sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune”.

Rodríguez Larreta, por su parte, sostuvo que “confió y confía en su inocencia”.

“La operación de inteligencia ilegal que viene soportando en su contra le consume tiempo y energía para defenderse. Por eso, decidió dar un paso al costado para abocarse de lleno a dar esa pelea y a proteger a su familia”, explicó Rodríguez Larreta. Y sostuvo que D’Alessandro, de acá en adelante, va a ser parte fundamental de los equipos técnicos que están diseñando el plan nacional de seguridad.

Allanamientos en Misiones

La Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires (UFEDYCI), a cargo de Daniela Dupuy, solicitó la realización del exhorto ante la jueza María Araceli Martínez para que el Juez con competencia en lo Penal en la localidad de El Dorado, Misiones, ordene el allanamiento de quienes podrían estar vinculados al robo de la línea telefónica y manipulación de conversaciones que el funcionario habría mantenido a través de Telegram.

La fiscal, además, requirió el secuestro de los dispositivos de almacenamiento informático, documentación y anotaciones que puedan estar vinculadas a la maniobra pesquisada.

Al momento, los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones que puedan derivarse de la evidencia secuestrada.