El empresario Francisco Sáenz Valiente quedó en libertad por falta de mérito en el caso que investiga la muerte de Emmily Rodrigues, la joven brasilera de 26 años que falleció tras caer seis pisos al vacío en Retiro (Comuna 1).

En el caso intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta, quienes anticiparon que apelarán la resolución dictada.

El hombre estaba con prisión preventiva en la la comisaría 1A de la Policía de la Ciudad imputado por femicidio, suministros de droga y tenencia ilegal de armas. Abandonó la dependencia pasada la medianoche del miércoles.

Los abogados del empresario, Rafael Cuneo Libarona y Gustavo Facundo Orazi, ante el juez que lleva adelante la causa, Martín Del Viso, alegaron que hay una “inexistencia de una conducta homicida” por parte del acusado.

En la resolución por la que dictó la falta de mérito, el juez le prohibió al empresario acercarse en un radio de 500 metros tanto a los familiares de la víctima como a las testigos de la causa. Tampoco tiene permitido acercarse a sus domicilios ni contactarlos de ninguna manera. Además, le prohibió la salida del país, le impuso la obligación de asistir cada 15 días al juzgado, ya sea de forma presencial o virtual, y que informe en 24 horas su nuevo lugar de residencia.

El juez Del Viso consideró que existen aún “varios interrogantes que no pudieron responderse” y que ello se explica por “las dificultades que representa la investigación de este particular episodio”. “Si bien aparece más bien claro que hubo una reunión en el departamento del acusado al que asistieron al menos cuatro mujeres, es insoslayable que todos, a su modo, hicieron referencia a circunstancias que exigen una extensa labor investigativa y un delicado análisis de la prueba para determinar, aunque sea en forma probable, qué es lo que habría sucedido entre los protagonistas, tanto antes, durante como después del deceso de la víctima”, consideró el magistrado.

“Es verdad que en hechos de violencia de género como indiscutiblemente podría catalogarse el investigado el Estado Argentino asumió el compromiso de prevenir, investigar y sancionar eficazmente este tipo de sucesos (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará- ratificada por ley 24.632) bajo riesgo de incurrir en responsabilidad internacional si operara un incumplimiento”, explicó el magistrado. Y agregó: “Debe aplicarse un criterio amplio y esto exige, por tratarse de un supuesto de violencia contra la mujer, que se extremen todas las medidas para realizar una investigación seria, completa y profunda que permita comprender una valoración integral de todos los elementos probatorios”.

No obstante, sostuvo que el estándar legal previsto para el abordaje de este tipo de casos resultaba “igualmente insuficiente para despejar interrogantes que continúan sin resolverse y que solo podrían descubrirse a través de la profundización de la pesquisa, y en esta necesidad convergen las partes”.

Cúneo Libarona explicó que el juez no se basó “solo en un elemento” para liberar al empresario, ya que existen varias pruebas como “las declaraciones testimoniales de las chicas que estaban en ese momento, que dan cuenta que Emmily venía consumiendo droga, había consumido alcohol y que le agarra un brote psicótico que genera un desorden psicológico tremendo”, de acuerdo con sus declaraciones a TN.