El titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, pidió ayer la condena a cinco años de prisión para un hombre acusado por la explotación económica del ejercicio de la prostitución de cuatro víctimas en situación de vulnerabilidad en dos prostíbulos ubicados sobre la calle Tucumán al 800 y al 900, en el microcentro porteño (Comuna 1), entre 2013 y 2014. .

El representante del MPF le requirió además al Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el juez Adrián Grünberg, que fije una reparación económica para las cuatro víctimas, tres de ellas testigos del debate, y para los hijos de una de las mujeres, cuyo homicidio dio inicio a la causa, por un monto total de 2.135.603 pesos. El dinero será dispuesto una vez que la sentencia quede firme, a través del Fondo de Asistencia a las víctimas de trata, reglamentado por la ley 27.508.

Por otra parte, el fiscal solicitó la absolución del hermano del acusado, al considerar que no se pudo determinar su participación en los hechos con la certeza que se requiere en esta etapa del proceso, lo que no resultaba entonces compatible con un pedido de condena. El debate continuará el próximo jueves 18 de marzo con el alegato de la defensa, explicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

De acuerdo a lo manifestado por la fiscalía en su alegato, el imputado era el encargado de dos prostíbulos. “Los dos locales quedaron expuestos tras el asesinato de una de ellas ocurrido el 9 octubre de 2014”, indicó el MPF.

“El violento final coincidió con el final de la explotación sexual en los dos prostíbulos. Los departamentos funcionaban en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires de forma ilegal y encubierta”, señaló Colombo, y detalló que uno estuvo abierto durante un año y otro, por seis meses. Dijo que ambos espacios contaban con protección policial, más allá de que no se pudo individualizar quiénes ejercían esa protección.

“El fiscal recordó que una de las víctimas que declaró en el juicio contó que la noche en que ocurrió el asesinato de su compañera había dentro de ese local una menor de edad que era prostituida y que fue trasladada al otro inmueble con el objetivo de ser escondida, a pesar de que estaba herida y que no se le brindó la atención médica necesaria. Sostuvo que quedó acreditado que el imputado junto con su pareja (que se encargaba de la organización diaria de uno de los departamentos) se quedaban con el 50 por ciento del dinero que las mujeres cobraban a cambio del servicio sexual y añadió que eran obligadas a pagar 1000 pesos semanales en concepto de “alquiler” del espacio”, repasó el Ministerio Público Fical.