El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura porteña un proyecto de Ley para establecer multas de más de $100.000 para las personas que busquen residuos en contenedores. El monto superaría el millón de pesos cuando la “infracción sea cometida por una persona jurídica”, como las cooperativas de cartoneros.

El texto fue promovido desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a cargo de Clara Muzzio, electa vicejefa de Gobierno.

El proyecto ingresó hace tres semanas y el viernes hubo una reunión de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, presidida por Inés Parry (UCR en el interbloque Juntos por el Cambio), en la cual se le dio dictamen para que el próximo jueves se vote en el recinto de sesiones.

Esta propuesta busca elevar el valor de las multas establecidas por el Régimen de Faltas contra las personas que no saquen la basura entre las 19 y las 21, también las sanciones para quienes no separen residuos de sus desechos domiciliarios. Buscan que la multa oscile entre $14.446 y $144.660.

Se agregan multas de hasta $101.262 a quienes manipulen “contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos”. Cuando “la infracción sea cometida por una persona jurídica”, como las cooperativas de cartoneros, el monto superará el millón de pesos.

Este viernes en la reunión de la Comisión de Justicia se hizo presente una delegación de cooperativas de recicladores que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, como Amanecer, Madreselvas y El Álamo.

“El Gobierno de la Ciudad no nos convoca para trabajar en las soluciones de las personas en situación de calle y de cartoneros independientes y termina sacando una ley que multa a quienes revisan los contenedores, lo que es el fracaso total de la política entendida para solucionar los problemas de la gente”, dijo Francisco Dorbessan, de la Federación de Cartoneros y Cartoneras, y cuestionó que los funcionarios castiguen “en este contexto en el que estamos viviendo a las personas que están revisando los tachos para comer o para juntar material reciclable para subsistir”.

Legisladores del Frente de Todos y otros sectores de oposición se mostraron en contra e incluso desde el oficialismo se sugirió que solo haya penas para las personas jurídicas.