La Ley Ómnibus que presentó este miércoles el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación incluye el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El artículo 439 instruye al Poder Ejecutivo nacional “a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia nacional a la CABA en un plazo máximo de tres años”.

Al asumir como jefe de Gobierno porteño el 7 de diciembre, Jorge Macri había expresado que era uno de sus compromisos de gestión. Será instrumentado a través de su ministro de Justicia, Gabino Tapia.

La reforma constitucional de 1994 en su artículo 129 le otorgó la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. La CABA, por su parte, estableció en 1996 su propia Constitución y, en su artículo 106, dispuso que contará con un Poder Judicial que conocerá y decidirá en todas “las causas que versen sobre puntos regidos por ella, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales, así como también organizar la mediación voluntaria conforme la ley que la reglamente. Ejerce esta competencia, sin perjuicio del juicio por jurados que la ley establezca”, consigna el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

“En materia penal se ha optado por diversas leyes-convenios entre la CABA y la Nación que han ido traspasando delitos específicos a la CABA. Mientras tanto, los jueces nacionales han mantenido sus cargos y competencias en los delitos no traspasados. Por su parte, la justicia nacional no penal se ha mantenido prácticamente inalterada”, repasa la entidad.

El Consejo de la Magistratura de la CABA explicó tiempo atrás sobre el proceso del traspaso judicial, contemplado tras la reforma constitucional de 1994: “Cuando hablamos del traspaso o la transferencia de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos referimos a que los conflictos cotidianos que se susciten en esta última ciudad pasen a ser resueltos por su propio Poder Judicial, por sus jueces, sus defensores, sus fiscales y sus asesores tutelares. Esto es así en todas las provincias del país. Un robo, un despido controvertido, un divorcio o la determinación del daño en un accidente de tránsito ocurridos en cualquier barrio porteño —sólo por nombrar algunos simples ejemplos— recaen actualmente en jueces nacionales muy aptos en términos de conocimiento jurídico, pero que están sobrecargados en su tarea. Incluso algunos juzgados están vacantes y deben ser subrogados. Todo esto dilata la resolución de causas que hacen a la necesidad en la vida diaria de los porteños”.

“En todas las provincias de nuestra república las controversias judiciales se resuelven directamente por los jueces locales competentes, pero en la Ciudad de Buenos Aires, a más de veinte años de la creación constitucional del distrito, esto aún no sucede y va en detrimento de la autonomía y del propio vecino al cual como funcionarios tenemos la obligación de garantizarle el cumplimiento de las leyes y de poner en foco sus derechos y sus anhelos, ya que son ellos los verdaderos destinatarios de Justicia”, agregaba el organismo local.