Ante una presentación hecha por la legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda), el juez Sebastián Casanello firmó una resolución en la que exhortó al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, a que a la hora de aplicar su “protocolo antipiquetes” adecue “la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho” y que cumpla con los pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional. La ministra fue citada a una audiencia para miércoles que viene.

Antes de firmar la resolución, el juez había pedido información a Seguridad. Su Dirección de Asuntos Jurídicos había enviado una respuesta donde afirmaba que “la Resolución ahora cuestionada (el protocolo antipiquetes) no transgrede disposición alguna, ni de la Constitución Nacional, ni de los Tratados sobre Derechos Humanos menos aún las normas internacionales del Trabajo, en particular el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación”.

Lo dispuesto por el magistrado no anula el protocolo, pero actúa “como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales”. “Los términos del protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitación de poder punitivo por fuera de la norma penal emanada del Poder Legislativo y/o de interpretación reservada al Poder Judicial”, advirtió.

Casanello ordenó que “frente a situaciones que impliquen la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal, el personal de las fuerzas de seguridad deberá, a la par de proteger los bienes jurídicos amenazados, efectuar la inmediata consulta con el juzgado y/o fiscalía de turno correspondiente”. “Las fuerzas de seguridad tienen un rol de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”, concluyó Casanello.