La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio curso a la denuncia penal que presentó el Gobierno porteño para que se investiguen los hechos de violencia ocurridos durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso del viernes pasado y solicitó a los canales de TV que remitan sus filmaciones sobre esos incidentes.

La Fiscalía Penal a cargo del doctor Tomás Vaccarezza formalizó ese requerimiento a través de una comunicación enviada al Jefe de Superintendencia de Operaciones de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Marcelo Esteban Noguerol.

El funcionario judicial pidió que “se requiera a los canales televisivos Todo Noticias, La Nación +, Canal 26, Crónica TV, C5N, América Noticias, Telefe y Canal 9 que, en carácter urgente, remitan a esa Superintendencia, dentro de las 24 horas, las filmaciones de toda la cobertura efectuada en las inmediaciones del Congreso de la Nación el día 2 de febrero de 2024”.

Solicitó, además, que “se releven e incorporen los videos obtenidos por el Centro de Monitoreo Urbano y cámaras privadas que hubieran captado hechos delictuales o contravencionales en dicha zona, como también vistas fotográficas, videos y evidencia digital de cualquier otra fuente sobre dichos sucesos”.

El objetivo de estas medidas de investigación apunta a “detectar cada una de las conductas registradas que constituirían prima facie delitos o contravenciones e identificar a todas las personas que se encuentren involucradas, detallando hecho por hecho con la respectiva evidencia que lo avala”.

Asimismo, pide que se describan “específicamente las conductas desarrolladas por las personas individualizadas a raíz del análisis de los videos y demás material recibido”.

“En caso de daños materiales se deberá indicar en qué consistieron y el valor estimado de reparación”, agrega el documento instructivo del fiscal.

Solicita luego que “una vez individualizadas las personas, se establezca si responden y/o forman parte de alguna persona jurídica, organización social o política, situación migratoria de ser extranjeras, y determinen posibles vinculaciones entre ellas”.

Y pide que “se labre un informe detallado donde conste el resultado de todas las medidas dispuestas” para que “sea remitido a esta sede fiscal a la mayor brevedad posible”.

La denuncia penal que promovió la Ciudad se inscribe en el marco de la línea de acción que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para “poner fin a la violencia y a las acciones extorsivas por parte de quienes obstruyan la circulación en las calles o provoquen daños al patrimonio público y al mobiliario urbano”.

“La limpieza, reparación y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación implica un costo para la Ciudad de $106.890.000. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”, advirtió Jorge Macri.