El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un protocolo de salud mental para internar sin consentimiento a personas en situación de calle o de consumo problemático de sustancias cuyo diagnóstico señale que “puedan representar un peligro para sí mismos o para terceros”.

En un video publicado en sus redes sociales, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que “está clarísimo que la actual Ley de Salud Mental no sirve, no podemos cambiarla desde la Legislatura, pero podemos trabajar para mitigar sus efectos negativos; por eso desarrollamos y estamos implementando un protocolo específico”.

Esta medida busca “fortalecer los canales de atención y coordinación entre las áreas necesarias para abordar las problemáticas y garantizar un acceso efectivo prioritario a los dispositivos de atención”.

Se estandarizan procedimientos de actuación conjunta entre todas las áreas intervinientes; los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud y Seguridad y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Gobierno porteño se enterará de cada caso a través de canales telefónicos (107, 108, 147 ó 911) o por contacto directo, mediante los equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) o el personal de la Policía de la Ciudad.

Si la persona presenta indicios de estar cursando un cuadro de padecimiento de salud mental o de consumo problemático, se dará inmediata intervención a

En caso de ser necesario, interviene la unidad de emergencia en Salud Mental del SAME, a cargo de emergentólogos capacitados para contener rápidamente a los pacientes en crisis. Pueden llevarlo a un Hospital General de Agudos para la evaluación a cargo de un equipo interdisciplinario de salud mental, que le brindará al paciente información “en términos claros acerca de su estado de salud, los tratamientos que se propongan, las alternativas terapéuticas y las posibles consecuencias de no tratarse”.

Este equipo interdisciplinario podrá disponer la internación del paciente en tanto se determine la existencia de un riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros, en un plazo que se puede extender hasta 72 horas posteriores al ingreso. Termina cuando se confirma que no hay un riesgo.

Si la persona tratada está con un menor de edad, se dará a conocimiento al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y este deberá proceder de acuerdo a su protocolo, según lo indica la normativa vigente.

El Gobierno porteño sostiene en el documento que “hará uso de los recursos de los que dispone para evaluar cada caso, identificar la gravedad del trastorno que sufre la persona, su vulnerabilidad y el riesgo que pudiera significar tanto para sí mismo como para otros y garantizar el acceso prioritario de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional a los programas de las reparticiones con competencia en materia de salud mental o consumo problemáticos de sustancias psicoactivas”.