La jueza federal María Servini liberó este martes a otros 11 detenidos frente al Congreso de la Nación. De 33 arrestados originales, solo quedan cinco alojados en complejos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analizó tras las liberaciones: “La resolución de la jueza Servini confirma que las detenciones de quienes protestaban contra la Ley Bases fueron al voleo y que el fiscal inventó un intento golpe de Estado a medida de los intereses del gobierno nacional”.

“Más allá del alivio por estas liberaciones, las causas siguen abiertas y el daño ya realizado es inmenso: para quienes estuvieron en prisión, para sus afectos y también por la amenaza que supone para cualquiera que quiera manifestar sus críticas al oficialismo”, agregó.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) afirmó: “Otra vez… Luchar sirve Luego de la concentración exigiendo la liberación de todxs lxs detenidxs (tal como sucedió con los 17 liberados el viernes) se confirma que por falta de mérito, van a liberar a 11 de los 16 compañerxs que quedaban presxs”.

El viernes Servini había liberado a 17 de los 33 detenidos al no encontrar pruebas en su contra. De todos modos, el fiscal Carlos Stornelli acusa a todos ellos por cargos como vandalismo y atentado contra los poderes públicos, incluso utilizó la calificación de “terrorismo”.

El CELS y Amnistía Internacional Argentina habían denunciado al Estado de Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) por las detenciones en la movilización contra la Ley Bases del miércoles pasado y por hechos pasados.

“La CIDH convocó al Estado argentino a una audiencia el próximo 11 de julio para que dé explicaciones sobre la situación de la protesta social y la libertad de expresión en los últimos seis meses”, informó el CELS.

En tanto, este martes el jefe de Gobierno Jorge Macri anunció que mantendrá demandas civiles contra los detenidos para que paguen por los destrozos en Plaza Congreso y alrededores.

“Estamos reclamando en causas civiles, que van paralela a la penal porque los daños económicos se reclaman en esa instancia, a todos los que queden detenidos y procesados. Lo vamos a hacer lleve el tiempo que lleve”, expuso el jefe de Gobierno.

“Nosotros tenemos la decisión de no permitir que en el espacio público se haga lo que quiera, que la gente destruya lo que es nuestro porque hemos gastado 278 millones de pesos más 21 millones de pesos que hemos entregado a 7 comerciantes porque les destrozaron su propio local y les robaron mercadería”, indicó.