Integrantes de la asamblea Amparo Ambiental Chacarita denunciaron que este martes por la noche hubo una pelea interna en la Comisaría Comunal 15 (Guzmán entre Concepción Arenal y Newbery) con heridos. “Esta puede ser la primera de estas situaciones en el barrio”, plantearon para rechazar la instalación de celdas modulares en un predio lindero.

“Los chats barriales se encendieron con mensajes. Vecinxs muy preocupados nos hicieron llegar estos vídeos de las inmediaciones de la Comisaría 15 en Guzmán entre C. Arenal y Newbery, con calles cortadas y rodeada de ambulancias, patrulleros y agentes de unidad especial. Fueron horas de inquietud ya que circulaba una versión que se habían escapado detenidos. Nos acercamos al lugar y los policías allí confirmaron que no hubo fugas, sino fuertes disturbios dentro de la Comisaría, que hubo heridos y que fue controlado a tiempo. Esta puede ser la primera de estas situaciones en el barrio”, señalaron los integrantes de la asamblea.

“Lo que queremos los vecinxs es el polideportivo para la Comuna. No módulos carcelarios”, resaltaron y recordaron que el Gobierno porteño en el estacionamiento de la Comisaría Comunal 15 construye un centro de detención con containers. Misma medida se aplica en la Comisaría Vecinal 4D de Barracas (Comuna 4) y la Comisaría Comunal 12 de Saavedra (Comuna 12).

“A pocos metros de allí, se construye además un hogar de menores para niños de hasta 16 años judicializados, convirtiendo a esa manzana, que debería ser pública, en un espacio destinado al control policial”, plantearon los vecinos de Chacarita.

“¿Pueden hacerlo? No porque infringe la Ley. El Código Urbanístico del 2018 prevé que esa manzana sea destinada a espacio de amortiguamiento del Cementerio, caracterizándose como zona parque. Por eso los vecinos reclamamos la construcción de un Polideportivo hace 14 años. La Justicia porteña ya falló a favor de la Comuna e intimó al GCBA para que se construya nuestro ansiado polideportivo”, refutaron en la asamblea.

“El GCBA no tuvo en cuenta el impacto urbano, ni si existe un protocolo de prevención en las adyacencias, tampoco fue articulado con otras áreas de gobierno como desarrollo urbano, infraestructura, transporte, espacio público, ambiente, derechos humanos, ni contempla el resguardo e integridad de las personas privadas de su libertad. El 8 de mayo la Legislatura porteña elevó un pedido de información pública al Ejecutivo que al día de hoy sigue sin ser contestado”, concluyeron.