El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires presentó un amparo colectivo contra el Gobierno porteño “con motivo de la grave situación de riesgo eléctrico que se vive en el Barrio INTA”, en Villa Lugano (Comuna 8).

El organismo del Poder Judicial porteño lo hizo a través de Ramiro Dos Santos Freire, Defensor a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social.

La Defensa Pública agrega que a comienzos de noviembre hubo una asamblea con vecinos del barrio. Valeria González, Presidenta de la Asociación Civil Vecinas Unidas, afirmó que el amparo es fruto del “trabajo colectivo” de recolección de reclamos, “incluidos los de los incendios del 2022 hasta hace un mes, cuando ocurrió el último” y agregó “Este amparo es histórico y necesitamos seguir trabajando para que se cumpla y ejecute”.

En el amparo se pidió que el GCBA “elabore e implemente un plan integral de prestación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica que se provee en el barrio, en forma adecuada, continua, técnicamente idónea, segura y suficiente”.

El Barrio INTA se emplaza en tierras del Instituto de la Vivienda, expone la Defensa Pública y agrega: “Hoy viven 1.650 familias, distribuidas en 1.500 viviendas. Desde hace dos años, cuando el GCBA realizó obras de tendido eléctrico en la vía pública, vecinos y vecinas vienen manifestando su preocupación por los problemas ocasionados por las fallas del sistema eléctrico público: conexiones precarias, viviendas electrificadas, conductores energizados al alcance de la mano, cables prendidos fuego, postes caídos e incendios que ocasionaron pérdidas de bienes e incluso destrucción de viviendas. Desde 2022, seis viviendas se incendiaron (cuatro de ellas sufrieron destrucción total) y las familias afectadas fueron patrocinadas por la Defensa Pública de manera individual”.

“Esta situación de riesgo estructural se agrava con el aumento del consumo en verano e invierno, dado que en el barrio no hay gas natural y las viviendas no tienen ventilación e iluminación natural”, suma el MPD y expone en el escrito se explica que “el GCBA como responsable de la gestión del servicio eléctrico en los barrios populares, ha evitado brindar soluciones concretas a la problemática, manteniendo una situación de precariedad en el estado de las instalaciones y tendido de la red pública, que resulta considerablemente de peor calidad y mucho más riesgosa que en los barrios formalmente integrados de la CABA”.

“Para el MPD es muy importante visibilizar la falta de servicios públicos adecuados en los barrios populares de la Ciudad, en menoscabo de los derechos de sus habitantes y que, además, en el caso de las deficiencias en el servicio eléctrico, genera riesgos y peligros para la vida y salud de las personas”, señaló Dos Santos Freire.