El Gobierno nacional oficializó este lunes con el Decreto 3/2025 la disolución y liquidación de la Administración General de Puertos (AGP), un ente que estaba a cargo del Puerto de Buenos Aires, entre otras funciones. También suprimió la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.

En tanto, el mismo Decreto crea la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico que actuará bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.

La ANPYN “será la única Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vigentes y aplicables en las materias de su competencia, conjuntamente con sus reglamentaciones”, indica el Decreto y señala que entre sus funciones está la de “ejercer el control de las concesiones, operadores y actividades del Puerto de Buenos Aires y el poder de policía e imposición sobre el establecimiento y los bienes muebles e inmuebles que lo integran”.

“La presente medida persigue eliminar la burocracia innecesaria y evitar la superposición de funciones, a través de la supresión y reemplazo de los organismos por un nuevo ente con unidad de acción y una estructura reducida, aprovechado racionalmente los recursos disponibles especializados y capacitados en sus respectivas funciones, y asegurando la continuidad y regularidad de los servicios”, señalan los fundamentos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había reclamado el traspaso del Puerto de Buenos Aires a su órbita para consolidar la autonomía capitalina.

El mes pasado, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó la Agenda 2025 Buenos Aires Primero para fortalecer los 30 años de autonomía de la Ciudad. Los temas abarcan una reforma institucional, administrativa y de gestión, la reducción de impuestos y cambios electorales, entre otros.

Además de haber planteado el desdoblamiento electoral (que los vecinos voten en julio candidatos a legisladores porteños y en octubre candidatos a Diputados y el Senado de la Nación), el funcionario “resaltó los asuntos que deberán seguir tratándose para reforzar la autonomía porteña: la transferencia del Puerto de Buenos Aires, la terminal de Retiro, la ampliación de la Justicia Penal en el ámbito de la Ciudad y la creación de un Sistema Penitenciario propio”.

La defensa del Decreto del Gobierno nacional habla sobre el posible traspaso. ”

Que por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año, y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional facultades vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, estableciendo entre las bases de la referida delegación el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”, introduce.

“Que, en ese marco, el artículo 3° de la citada Ley facultó al PEN a disponer, en relación con los órganos u organismos de la Administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente a: a) la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario y b) la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o la transferencia a las provincias o a la CABA, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”, agrega.