Las familias de dos estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano que el año pasado tomaron la institución deberán pagar una suma de $2.800.000 como resarcimiento al Gobierno porteño, según reclamó la Procuración General de la CABA.

En 2022 hubo 27 tomas escolares por reclamos con respecto a la calidad de las viandas y por problemas edilicios. La Procuración General Porteña inició 21 causas a 240 familiares de estudiantes por un total de $61.000.000.

El fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA las tiene a su cargo.

El hecho fue dado a conocer por una de las estudiantes. “Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi 3 millones de pesos en forma de ‘resarcimiento’, porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeres del ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios”, planteó en sus redes sociales.

También denunció “persecución a los derechos estudiantiles de protesta” y aseguró que durante la toma los estudiantes se dedicaron a “pintar la fachada del colegio, limpiar y pintar baños, pintar las aulas, mantener el colegio limpio y ordenado”.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) emitió este comunicado: “Desde la UTE repudiamos la demanda del Gobierno de la Ciudad a familias de lxs estudiantes que participaron de las tomas de escuelas durante 2022, con el objetivo de intimidar a lxs jóvenes que ejercieron su derecho a la protesta frente a la falta absoluta de escucha de la Ministra Soledad Acuña a sus reclamos. El Gobierno interpuso una demanda por aproximadamente 2,7 millones de pesos contra una familia relacionada con la toma estudiantil de la ESEA Manuel Belgrano, por compensaciones por supuestos “daños y prejuicios”. Entendemos esta maniobra como un capítulo más de las persecuciones que Larreta y Acuña han realizado durante su gestión a la comunidad educativa, y exigimos que de marcha atrás con estas medidas que buscan criminalizar a la comunidad educativa y a lxs estudiantes que ejercen su derecho a la protesta”.