El Ministerio de Seguridad de la Nación intimó a sindicatos y movimientos piqueteros a pagar sumas entre $40.000.000 y $56.000.000 por los operativos policiales desplegados en la movilización del 20 de diciembre a Plaza de Mayo por los 22 años del Argentinzo (19 y 20 de diciembre de 2001) y la del 27 de diciembre frente a Tribunales contra el DNU de Javier Milei.

Intimaron a: Confederación General del Trabajo (CGT), Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA-a), Central de Trabajadores de la Argentina – de los Trabajadores (CTA-T), Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino (SUTNA), Movimiento Teresa Rodríguez, Partido Obrero, Polo Obrero, Federación Marítima y Portuaria de la Industria Navail (FEMPINRA), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Izquierda Socialista, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Camioneros, Conadu Histórica.

El Ministerio de Seguridad cita las Resoluciones 943-2023 y 949-2023 para validar la exigencia del dinero. Aseguran que “se determinaron los gastos ocasionados” el 20 y el 27 de diciembre señalando que las organizaciones “participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular”.

La Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a la protesta del día 27 en la Plaza Lavalle, sostuvo: “El Gobierno no va a condicionar al Movimiento Obrero Organizado”. También dijeron que es una “afrenta a la Constitución que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho a la huelga y la protesta”.

“Este es un nuevo intento del Gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática del país”, agregaron.

La Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores denunció “persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora”.

El secretario general del SiPreBA, Agustín Lecchi, dijo: “El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada anti democrática. La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión Repudiamos este hecho inédito en 40 años de democracia, que atenta contra la Constitución Nacional, y sostenemos nuestro derecho a la protesta. Vamos a seguir en las calles defendiendo todos los derechos”.

Además, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero que promovió la movilización a Plaza de Mayo del 20 de diciembre, afirmó: “El Gobierno Nacional nos pretende cobrar por un servicio público que es de total responsabilidad de la Ministra Bullrich. Ya que utilizó una fuerza totalmente desmedida, ocasionado un gasto enorme, absolutamente innecesario ya que las movilizaciones del 20 y del 27 fueron absolutamente pacíficas y sin ningún incidente. El operativo fue concebido con el sólo y exclusivo motivo de amedrentarnos, cosa que no consiguieron ni conseguirán”.

““El fracaso del costoso operativo debe adjudicarse a la casta gobernante y su ineficacia. Las fuerzas de seguridad deben garantizar la seguridad de todos los habitantes del país como lo indica la legislación vigente. Por supuesto que no vamos a pagar lo que es absurdo y un ataque a la libertad de expresión, estamos preparando con otras organizaciones de abogados y organismos de DDHH. Para rechazar este ataque en todos los terrenos. Es un intento de almorzar la protesta popular ante un ajuste sin precedentes que llega hasta eliminar la comida de los comedores populares.”