El legislador porteño Hernán Reyes (Vamos Juntos) presentó un proyecto de Ley para “generar un marco normativo para las personas, tanto humanas como jurídicas, que comercialicen bienes a través de canales de venta directa, venta mono o multinivel, por parte de revendedores independientes, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Buscan evitar las estafas piramidales.

Según esta propuesta, la venta directa es “un canal de comercialización que se caracteriza por la participación de personas que compran bienes y/o servicios a empresas de venta directa para su posterior reventa de estos bienes y/o servicios a los consumidores finales”: “Dicha actividad se realiza fuera de un local comercial establecido y sin estar sujetos a una relación de dependencia de los revendedores respecto de la empresa de venta directa”.

Este proyecto fue trabajado previamente con la Cámara Argentina de Venta Directa (CAVEDI) y toma el ejemplo de la Ley 15.414 de la Provincia de Buenos Aires y la Ley 13.905 de la Provincia de Santa Fe.

“La venta directa es una forma legítima de comercio que permite a los revendedores independientes obtener ganancias mediante la reventa de bienes y/o servicios adquiridos de empresas de venta directa. Es una actividad empoderadora que permite generar ingresos adicionales a miles de personas en todo el país, quienes adquieren productos de calidad para su posterior reventa. La venta directa es un modelo de comercialización en el que los productos o servicios se ofrecen y venden directamente a los consumidores, sin la intermediación de establecimientos comerciales tradicionales”, plantea el texto parlamentario de Reyes.

Así, esta propuesta de Ley busca la “protección de los consumidores”: “La regulación de la venta directa busca garantizar la protección de los consumidores finales que adquieren bienes y servicios a través de este canal. Al establecer requisitos y obligaciones para las empresas de venta directa, se promueve la transparencia en las operaciones comerciales, la calidad de los productos ofrecidos y la adecuada información sobre precios, características y garantías de los bienes. Asimismo, se prohíben cláusulas abusivas y se establecen derechos para los revendedores independientes quienes, en definitiva, son los que se relacionan directamente con los consumidores finales”.

Y la “prevención de estafas piramidales”: “Uno de los principales objetivos de esta normativa es perseguir y desarticular a las bandas que promueven estafas piramidales bajo la apariencia de la venta directa. Estos esquemas fraudulentos se caracterizan por prometer ganancias exorbitantes a través de la incorporación de nuevos aportantes, sin basarse en la venta real de bienes o servicios. La regulación establece prohibiciones específicas, como la exclusividad y la obligación de adquirir inventarios mínimos, así como la sanción a aquellas empresas que no se registren y cumplan con los requisitos establecidos”.

Así, se busca establecer la creación de un Registro de Empresas de Venta Directa. “Las empresas de venta directa deben cumplir con ciertos requisitos para su inscripción en el registro, tales como la identificación adecuada de la empresa, la constitución de un domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires y la adopción de un Código de Ética que regule su conducta”, señala el autor del proyecto de Ley. “Además, deben presentar un modelo de contrato o propuesta de negocio equilibrado para los revendedores independientes, que incluya los aspectos exigidos por la ley y garantice la transparencia en la relación comercial”.

La normativa establece una serie de derechos para los revendedores independientes, como “el derecho a formular preguntas y recibir respuestas precisas por parte de las empresas de venta directa, el derecho a recibir beneficios y compensaciones de manera oportuna, y el derecho a solicitar la resolución del contrato en caso de incumplimiento por parte de la empresa o cuando así lo desee”. “Asimismo, se prohíbe la imposición de cuotas o compras mínimas obligatorias, evitando así prácticas coercitivas que puedan perjudicar económicamente a los revendedores. Las normas no alteran las normas previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación para los contratos de esta naturaleza y permiten aplicar ciertos estándares de buenas prácticas específicos de dicho canal”.

Las empresas registradas “deben cumplir con diversas obligaciones, como proporcionar información clara y precisa sobre los productos y servicios ofrecidos, incluyendo precios, características, condiciones de venta y garantías. También se establece la obligación de facilitar la supervisión y fiscalización por parte de la Autoridad de Aplicación”.