Tras el choque de trenes de la línea San Martín en el barrio de Palermo (Comuna 14) por el cual hubo más de 90 heridos, Trenes Argentinos informó que continúan las tareas para remover vagones del puente de Dorrego y Figueroa Alcorta. Además, funciona con servicio limitado limitado entre Palermo y Cabred.

Por otra parte, la Justicia imputó por el hecho a dos maquinistas y sus asistentes, junto a tres auxiliares de la estación Palermo. Se indagan posibles fallas humanas o técnicas. La hipótesis más fuerte recaería en la tarea de los auxiliares y una posible falla de aviso.

“Una locomotora con un vagón circulaba en sentido a Palermo a baja velocidad. Al tren de pasajeros lo debían frenar a la altura de Salguero, pero el auxiliar se lo comió y autorizó el paso”, reveló a Noticias Argentinas una fuente del caso.

El juez federal Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, quien subroga a Carlos Rívolo porque está de viaje, pidieron la intervención de la Junta de Seguridad del Transporte (JST).

El caso podría ser clasificado como estrago culposo o doloso agravado por las lesiones leves reportadas.

El 3 de mayo, una semana antes del siniestro en Palermo, el presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), Luis Adrián Luque, envió una nota a sus superiores alertando que la situación de la empresa era crítica y requería con urgencia “[…] gestionar la asignación de fondos necesarios […] que garanticen el normal funcionamiento de los servicios a cargo de esta Operadora Ferroviaria, resguardando los estándares mínimos de seguridad operacional”, informó el sitio En El Subte.

El funcionario pedía un aumento presupuestario urgente para el mes de mayo de $32 mil millones, lo que representa un 68% de incremento respecto de los $49 mil millones asignados hasta el momento. El presidente de Trenes Argentinos decía que “son todos temas urgentes, ya que los gastos corrientes impactan en el funcionamiento diario, mientras que los gastos de capital, alcanzan contrataciones de obras, o mantenimiento y puesta a punto de las formaciones, que ya se encuentran programadas y su postergación afectaría parámetros de calidad y mitigación de riesgos en los servicios”.