El Tribunal Oral Federal (TOF) Número 6 iniciará este miércoles el juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados por el intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del 2022 en el barrio de la Recoleta (Comuna 2).

Los tres enjuiciados están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego”. Los tres acusados llegarán a este proceso además con una condena judicial por tenencia ilegal de documentación, una causa paralela.

El debate se desarrollará en los Tribunales Federales de Comodoro Py y estará a cargo de los magistrados Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

Se anunció la posible declaración de hasta 277 testigos, tal como pidieron la fiscal Gabriela Baigún, las defensas de los acusados y las querella que representa a la exmandataria y que encabeza el abogado José Manuel Ubeira.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rívolo le imputó a Fernando André Sabag Montiel “haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”, consigna Somos Télam.

“Dicha conducta tuvo lugar el 1° de septiembre de 2022, a las 21:00 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente frente al catastro 1409 de la calle Juncal, cuando la víctima se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos. Para ello, contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”, describió en el documento.

En tanto, la defensa de la expresidenta pedía que se investigue la vinculación de los tres sospechosos con Revolución Federal y con el pago de $1.000.000 por parte de una empresa ligada a la familia Caputo al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, para fabricar muebles. Desde la defensa pedían esclarecer si no fue una pantalla para financiar el accionar de esta organización que realizó violentas marchas previo al intento de magnicidio.

No obstante, la jueza federal María Eugenia Capuchetti que tuvo a cargo la instrucción de esta causa envió la causa a juicio oral sin profundizar en este aspecto.