La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por el presunto delito de “violación de secretos” a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”.

El fiscal Sergio Rodríguez resolvió a fines de la semana pasada darle curso a la denuncia. Luego, este viernes la causa fue sorteada y se encargará el Juzgado Federal y Correccional N° 3.

Previamente, el fiscal había tomado conocimiento, al leer notas de prensa, sobre posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad” provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre ese organismo nacional y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA.

El acuerdo consistía en que el Renaper brindaba “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas humanas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”.

El fiscal además evoca que en 2019 el GCBA incorporó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), pero “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”, advirtió Rodríguez, consigna Télam.

Rodríguez llegó a la conclusión de que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”. “Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”, agregó.

El fiscal sostuvo que hasta 2020 el Conarc tenía 40.000 registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que de los datos del Renaper se desprende que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022, menciona la agencia.

En abril de 2022 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo había denunciado: “En los últimos tres años, el Gobierno de la Ciudad buscó los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas, algo que la ley no le permite. Esa operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). El convenio le autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres, lo que implica una extralimitación en esas tareas de identificación. Por eso entendemos que el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas. También reclamamos a la Justicia la suspensión del mecanismo de reconocimiento facial así como una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar tareas de vigilancia masiva e inteligencia”.