La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de dos de los detenidos durante el tratamiento de la Ley Bases, además, revocó las prisiones preventivas otros dos.

Este viernes desde las 15 hasta las 19.30 habrá un festival musical en Plaza Congreso por la libertad de los detenidos con la presentación de Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto y Sudor Marika.

En paralelo, la izquierda llamó a marchar desde las 15 del Obelisco a Plaza de Mayo para exigir la liberación de los detenidos.

La Salla II revocó las prisiones preventivas de David Sica, acusado de haber agredido a un policía, y Cristian Valiente, a quien habían imputado por presunta portación de una granada de gas. En este último caso, se dijo que en realidad el hombre sujetaba una granada arrojada por los propios efectivos para mostrar la fecha de vencimiento del artefacto.

En tanto, confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Patricia Calarco Arredondo, acusada de incendiar bicicletas de la Ciudad, y la de Roberto María de la Cruz Gómez, acusado de prender fogatas y arrojar piedras contra la policía.

A otro de los detenidos, Facundo Gómez, la Cámara Federal lo había excarcelado la semana pasada y ahora se le dictó la falta de mérito. Según testimonios en la causa, se lo vio saltar una valla y no causó destrozos.

El 12 de junio la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales detuvieron a 33 personas. En las primeras 48 horas fueron liberadas 17. Con el correr del tiempo, el resto fue recuperando la libertad.

En ese contexto, el fiscal Carlos Stornelli pedía investigar a los sospechosos por “lesiones, daños simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”.

No obstante, las acusaciones que permanecen son las de daño agravado y atentado a la autoridad.

“El 12 de junio de este año, en las afueras del Congreso de la Nación, donde se debatía la sanción de la Ley Bases, se dieron dos situaciones bien diferenciadas. Una, fue protagonizada por grupos de personas que, organizada o espontáneamente y con más o menos énfasis, fueron a protestar. Nada de lo que se examina aquí tiene que ver con juzgar el modo o alcance con que aquellos ejercieron ese derecho constitucional, y ninguna de sus implicancias en nuestro sistema normativo se encuentra de cualquier modo puesta en duda. Son otros los hechos que constituyen el objeto de este caso”, planteó el juez Martín Irurzun.