El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, mediante el Decreto N° 200, declaró por el término de 12 meses “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la CABA”.

Las comisarías y alcaidías porteñas sufren una superpoblación de detenidos desde la época de la pandemia. Esta situación generó la fuga de detenidos en varias dependencias de la CABA.

De este modo, con el Decreto N° 200 el GCBA facultó a los Ministerios de Justicia y Seguridad a adoptar, en forma inmediata, “las medidas que resulten necesarias en el marco de sus respectivas competencias, para afrontar la emergencia” en pos de cumplir estos objetivos: “Diseñar e implementar un plan de adquisición de equipamiento destinado a las comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinados a personas privadas de su libertad, que contemple las mejoras necesarias a los efectos de atender la emergencia. Adoptar las medidas necesarias para la planificación, construcción, remodelación y refacción de inmuebles y dispositivos, con destino al alojamiento temporario y transitorio de personas privadas de su libertad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fortalecer el sistema de comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinados a personas privadas de su libertad, dependientes de la Policía de la Ciudad, a fin de afianzar su capacidad operativa. Establecer las adecuaciones que resultaran pertinentes en los suplementos salariales de la Policía de la Ciudad a los fines de atender las necesidades de custodia por la situación de emergencia en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Finanzas”.

También autorizó “a los Ministerios de Justicia y de Seguridad a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes, servicios y suministros necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos en el presente Decreto”. “Por el lapso que dure la emergencia, los niveles de decisión de los señores Ministros de Justicia y de Seguridad para los procedimientos de selección de contratación de bienes, servicios y muebles registrables y los procedimientos de selección para la contratación de obra pública, destinados a afrontar dicha emergencia, quedan equiparados a los del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aclara el texto oficial.

Los considerandos del Decreto señalan que “las comisarías y alcaidías dependientes de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben y alojan, tanto a personas detenidas por delitos de competencia de la Justicia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas local, como a aquellos detenidos en virtud de la competencia de los tribunales penales nacionales y federales con jurisdicción en la Ciudad, especialmente, de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional”.

También da la versión del GCBA sobre el inicio de esta crisis de seguridad: “Desde el mes de marzo de 2020 el entonces Gobierno Nacional, a través del Servicio Penitenciario Federal, adoptó diversas medidas que implicaron una restricción a la admisión de detenidos en los establecimientos penitenciarios nacionales; la adopción de dichas medidas tuvo como consecuencia inmediata que las personas respecto de las cuales se dicta prisión preventiva o condena en el ámbito territorial de la Ciudad, desde el mes de marzo de 2020 en adelante, no fueran ingresadas al Servicio Penitenciario Federal, sino de forma transitoria al Centro de Alojamiento de Contraventores de la Ciudad y a las comisarías y alcaidías a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de ser trasladadas a los establecimientos penales federales correspondientes; las alcaidías y comisarías de la Ciudad no han sido edificadas para alojar detenidos por largos períodos de tiempo o de modo permanente, por lo que no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar las condiciones de seguridad requeridas para tal fin”.

“Esta situación se ha mantenido durante los últimos años y se proyecta en la actualidad, habiéndose convertido así a las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en virtuales unidades de detención permanente pese a ser dependencias que, como fuera expuesto, se encuentran estructuradas para el alojamiento meramente transitorio de personas”, plantea el Gobierno porteño. “Ello tuvo como consecuencia un aumento sostenido e invariable de las personas alojadas en forma transitoria en las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, provocando una situación de inaceptable sobrepoblación de personas alojadas en estos establecimientos”, se agrega.

Según surge del “Vigésimo cuarto reporte mensual sobre alojamiento en alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires” de la Procuración Penitenciaria Nacional, a fecha 31 de marzo del corriente 2.025 personas se encontraban alojadas en centros de detención no penitenciarios dentro del territorio de la Ciudad, de los cuales 1.940 estaban detenidas en dependencias de la Policía de la Ciudad: 1.246 en alcaidías, 459 en comisarías vecinales y 235 en espera de alojamiento. El citado informe da cuenta asimismo de que la capacidad declarada en las comisarías vecinales es de 243 plazas, y de 798 plazas en alcaidías, por lo que a la fecha de confección de dicho informe había una sobrepoblación de 216 detenidos en comisarías y 448 en alcaidías de la Ciudad.

“No puede pasarse por alto que a la fecha de suscripción del presente Decreto el número de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires que deberían haber ingresado al Servicio Penitenciario Federal asciende a un número de mil ochocientos cincuenta y ocho (1.858); en función de la situación irregular antes descrita, la Ciudad debió destinar a doscientos treinta y cinco (235) policías por turno, siendo tres (3) los turnos diarios, los que originalmente formaban parte del despliegue territorial cumpliendo funciones en calle, a trabajos de guardias internas y actividades conexas en comisarías y alcaidías; del total de efectivos policiales que integran la fuerza de la Superintendencia de Seguridad Comunal de la Policía de la Ciudad, cerca de un 10% se encuentra actualmente abocado a la custodia de personas que deberían encontrarse a disposición del Servicio Penitenciario Federal”, agrega el GCBA sobre otra consecuencia de esta crisis.

La semana pasada, el jefe de Gobierno Jorge Macri y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich anunciaron que el GCBA instalará 57 módulos de detención, en tres predios, con capacidad para alojar a 300 detenidos.

Cada uno de los grupos de 19 módulos rectangulares estarán ubicados en playones o estacionamientos dentro de comisarías: en la Comunal 12, Ramallo 4398 (Saavedra); en la Comunal 15, Guzmán 396 (Chacarita); y en la Vecinal 4D, California 1850 (Barracas).

“En la parte central se encuentran dispuestas mesas y bancos de metal donde los detenidos comerán. En ambos lados están dispuestos los módulos-celdas, que cuenta cada uno con seis camas cucheta y baños. Tendrán luces antivandálicas, vidrios laminados, bulonería y tornillos ocultos; instalaciones embutidas; aire acondicionado y podrán adaptarse a sistemas complejos de circuito cerrado de televisión. Además, habrá rejas perimetrales de alta seguridad. Estas estructuras modulares de metal acondicionadas estarán operativas durante los próximos días. Se colocaron sobre un contrapiso o platea de cemento en la parte interior de las comisarías”, expresó el GCBA.

También se anunció la creación de una nueva alcaidía en la Comuna 8, la incorporación de alrededor de 2.000 tobilleras electrónicas para detenidos domiciliarios o en tránsito y la construcción de la cárcel de Marcos Paz.