El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri adelantó que la administración porteña demandará civilmente a los detenidos durante los incidentes y represión en los alrededores del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases. La gestión local les exigirá que paguen por los destrozos en la Plaza Congreso.

“Estamos reclamando en causas civiles, que van paralela a la penal porque los daños económicos se reclaman en esa instancia, a todos los que queden detenidos y procesados. Lo vamos a hacer lleve el tiempo que lleve”, expuso el jefe de Gobierno.

“Nosotros tenemos la decisión de no permitir que en el espacio público se haga lo que quiera, que la gente destruya lo que es nuestro porque hemos gastado 278 millones de pesos más 21 millones de pesos que hemos entregado a 7 comerciantes porque les destrozaron su propio local y les robaron mercadería”, indicó.

El fiscal Carlos Stornelli dictaminó investigar a los 33 detenidos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del articulo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”.

La jueza María Servini resolvió el viernes hacer lugar a la excarcelación de 17 personas y mantener detenidas a otras 16. Sin embargo, Stornelli apeló esa decisión y pidió que se revoque la libertad de 14 de esas 17 personas. El GCBA solicita lo mismo.