El Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, encabezó una reunión informativa en las comisiones de Justica y de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña para explicar el proyecto de Ley que impulsa el Poder Ejecutivo de CABA sobre Reiterancia, que implica cambios al Código Procesal Penal. Se sumaron Adrián Grassi y Jorge Djivaris, integrantes del ministerio.

El encuentro estuvo coordinado por la presidenta de la Comisión de Justicia, Ines Parry (UCR evolución) y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (Vamos por Más), y contó con la presencia de Matías Lopez, Vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López, junto a los diputados que integran ambas comisiones.

“Durante la presentación, el ministro explicó que el objetivo es que la ley se cumpla y haya seguridad, garantizando los derechos humanos y la constitucionalidad. Detalló que las modificaciones presentadas se basan en tres ejes: el primero prevé la obligación para los jueces penales de comunicar a la Dirección de Migraciones sobre el dictado de ciertos actos procesales sobre personas extranjeras, el segundo incorporar normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, requisas y secuestro de bienes procedentes de delitos, y el tercero a la figura de reiterancia delictiva”, consigna un resumen parlamentario.

“Los funcionarios profundizaron sobre la importancia de incluir el concepto de la reiterancia, que implica darle una herramienta a los jueces para que aquella persona que vuelve a cometer un delito, en lugar de que atraviese el proceso en libertad, lo haga en la cárcel”, agregaron.

Además, en relación a los extranjeros, la letra del proyecto impulsa “pedirle a los jueces y tribunales que pongan en conocimiento a las autoridades de migraciones la existencia de un proceso contra una persona de otro país para que quienes vienen a la Argentina, si no se sujetan a la sean expulsados del país. El equipo de Justicia agregó que esta modalidad también ayudaría a descomprimir el sistema penitenciario”.

Luego de varias preguntas formuladas por distintos diputados, los funcionarios respondieron cada una de ellas, tomando en sus desarrollos algunas experiencias de diferentes provincias de nuestro país que ya cuentan con la reiterancia y aclararon que la norma no limita el derecho a la protesta.