En los próximos días se cumplen los 180 días corridos previstos en el decreto —se publicó el 29 de enero— por el que se dispuso la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Su titular, Juan Martín Ozores, repasó en un desayuno con periodistas qué se hizo y qué sigue en materias clave para el sector como espectro, Fondos de Servicio Universal y reglamentaciones, entre otros.

“La intervención se encontró con un Ente sobredimensionado, con áreas superpuestas y falta de automatización de procesos”, expusieron las autoridades designadas en un documento que también habla de incumpliento en objetivos planteados y desvíos en los plazos de implementación y ejecución. Ozores agregó que se está “esperando a la resolución para ver cómo continuamos; lo elevamos a la Secretaría en cumplimiento con lo dispuesto”.

Conceptos como desregulación y eficiencia fueron repetidos durante el encuentro. Es que, a criterio de sus autoridades, “Enacom debe apuntar a ser un organismo técnico, profesional y dinámico, basado en un marco normativo simple que garantice la seguridad jurídica y previsibilidad del sector en un mercado en competencia”.

Espectro
En materia de espectro, la idea es trabajar en un roadmap que abogue por la mayor eficiencia. En los próximos meses (6 a 8 meses) se evaluará “el espectro disponible en 4G para reforzar la capacidad de las redes ya instaladas”, dijo Ozores. ¿Qué ocurrirá con el espectro asignado a Arsat en 3.5 GHz? “Estamos en etapa de evaluación, pero todo indica que haremos la solicitud para disponibilizarlo”, agregó ante la consulta de DPL News. También dijo que la idea es enfocar procesos en el desarrollo que generan y no en lo recaudatorio.

“La última gran ola de inversión fue en 4G. Las operadores tienen espectro, muchos invirtieron y tienen el core listo. Para fin de año se verá 5G desplegado en los principales centros urbanos”, señaló el actual presidente del organismo y agregó que pidió a su equipo que también se considere en la evaluación el uso de espectro para redes privadas.

Reglas
Desde el inicio de la intervención se revisó el 100 por ciento de la reglamentación vigente, por lo que viene un segundo semestre de “mucha modernización regulatoria y simplificación”, teniendo en cuenta que algunas normativas quedaron obsoletas o no se cumplieron (se mencionó entre estos casos el Reglamento de Calidad). Está casi listo el reglamento satelital y se está revisando a fondo el vigente sobre operadores móviles virtuales (OMVs), a consideración de que “no está alineado con el nuevo contexto (…), ese mercado podría regirse perfectamente por acuerdo entre privados”.

Puertas adentro también hubo movimientos. En abril se estableció el cierre de las delegaciones de Enacom en el país, lo que significaba gastos por más de 6 mil 600 millones de pesos anuales, al considerar que “los trámites que se hacían en forma presencial se pueden realizar sin inconvenientes en forma digital. El Ente consume 66 por ciento de lo que recauda y hay programas en marcha para, por ejemplo, la automatización de sistemas de facturación; incluso se analiza el uso de IA para modernizar la atención por distintos canales disponibles.

Fondos
Los recursos utilizados para los Fondos de Servicio Universal estuvieron en la lupa de las autoridades durante estos meses de intervención, pues se detectaron “fuertes anomalías”: se ejecutaron menos de la mitad de los recursos obtenidos, los recursos no siempre fueron aplicados en zonas sin conectividad, no existen mecanismos de medición de efectividad y, en algunos casos, se detectó que el costo por hogar de los adjudicatarios multiplicó por 5 ó 6 los costos habituales de la industria.

“El modelo actual está más orientado a distribuir presupuesto que a contribuir con el propósito de cierre de brecha digital. Se detectó un problema de diseño del modelo y de los procesos”, señaló Ozores. La gestión actual ya comenzó con las intimaciones correspondientes y no descarta acciones judiciales en caso de mantenerse las inconsistencias. La caja del FSU es hoy de unos 110 mil millones de pesos, parte de lo cual se usará para adjudicaciones en proceso.

¿Qué se hará con entonces con el FSU? La etapa actual es de evaluación y hay varias propuestas sobre la mesa, entre ellas avanzar con subsidio a la demanda. Lo cierto es que “se va a replantear todo el programa”. Incluso, Ozores respondió a este medio que “también hay un tema de ejecución deficiente que debe corregirse”, fomentando, por ejemplo, una mayor participación de los grandes operadores en la ejecución, por su economía de escala y capacidad de cumplir en tiempo y forma.

Las autoridades también mencionaron su intención de generar programas afines a la alfabetización digital junto con el Ministerio de Educación con uso de recursos de Enacom en el proceso de instalación y costos de conectividad (al menos por un tiempo determinado) y señalaron que están trabajando en un análisis de impacto impositivo para elevar la situación a las autoridades correspondientes, teniendo en cuenta el alto peso tributario que pesa sobre el sector.

Consultado por DPL News sobre Arsat, Ozores respondió que “es una empresa muy saludable para tenerla en el ecosistema digital y creemos que será muy útil en las acciones que estamos pensando para reducir la brecha digital”

6 meses después
“Buscamos facilitarle el trabajo a la industria de telecomunicaciones, Queremos dar espacio para que los privados puedan desarrollar su negocio en libre mercado”, señaló Ozores a DPL News en su primera entrevista en el cargo de interventor, en el marco del MWC 2024. Deseó “que la industria vuelva” y consideró un reto “desregular” el sector, pero entendiendo que el ecosistema es distinto al de hace 10 años.

El fin del DNU 690 fue celebrado por la industria y, aunque el control de precios había quedado seriamente debilitado en la práctica por medidas judiciales a favor de los prestadores, fue tomado como una muy buena señal por los actores del ecosistema. El decreto, publicado por la gestión de Alberto Fernández en el contexto de pandemia, fue derogado casi mil 400 días después de su publicación.

En los últimos seis meses el sector fue escenario de cambios constantes en sus figuras más relevantes. Para simplificar, Dario Genua es actualmente el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina, una cartera que se desprende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (antes de un Ministerio de Infraestructura que ya no existe). Dentro de la Secretaría, las decisiones TIC están ahora a cargo de la Subsecretaría TIC, pues este 19 de julio se eliminó la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad.

Todos los funcionarios involucrados en las decisiones TIC mostraron puertas abiertas a dialogar con la industria y en sus discursos se repitió la idea de desregular, de dar luz verde al sector privado y de eliminar todo aquello que contamine una escena propicia para las inversiones. En este sentido, las decisiones generales del gobierno de Javier Milei se tradujeron en mayor apertura del sector, como sucedió con el mercado satelital o con la incorporación de un nuevo sistema de importaciones.

La Ley de Bases, promulgada por el gobierno, trajo algunas novedades para el sector. En ella queda de manifiesto que el Poder Ejecutivo no podrá disponer la disolución del Ente Nacional de Comunicaciones, así como tampoco de otros organismos públicos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto de la Propiedad Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

El artículo quinto de la citada ley da luz verde al Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos, lo que habilita la idea de generar cambios determinantes en el diseño y destino de los Fondos de Servicio Universal (FSU). También se aprobó un régimen de promoción de inversiones (RIGI), que incluye a la tecnología entre los sectores alcanzados.

Así, los resultados específicos de las revisiones llevadas a cabo por el gobierno al Ente se conocerán en los próximas días y podrán cambiar algunas piezas clave en lo que viene para el regulador en el corto plazo.

Mientras se espera, todo apunta a una continuidad de acciones afines a desregular el mercado de las telecomunicaciones en Argentina, una concepto que Javier Milei defiende como bandera de su administración.

Fuente: dplnews.com |Nicolás Larocca