El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró el protocolo antipiquetes que anunció este jueves la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“En nuestra Ciudad todos merecen moverse y circular en libertad. Desde el Gobierno de la Ciudad celebramos las medidas anunciadas por la Ministra de Seguridad de la Nación, y trabajaremos en forma conjunta para que se cumplan. Vamos a garantizar el orden en el espacio público para que así sea”, expresó el funcionario capitalino.

Este jueves, Bullrich, anunció un protocolo contra los piquetes y dijo que “va a ser coordinado con la Ciudad de Buenos Aires”. “No queremos cortes de calles, de rutas en el caso de jurisdicción federal. Ahora están viniendo las autoridades de CABA para tener una reunión para trabajar en conjunto temas de seguridad y orden público”, sumó.

“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas”, dijo Bullrich. “Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, alertó. Enviará al Congreso un proyecto de Ley para convalidarlo.

La Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) -las cuatro fuerzas federales- tendrán permiso para intervenir en bloqueos totales o parciales.

También podrán intervenir miembros del Servicio Penitenciario Federal, ya que esta área pasó de Justicia a Seguridad con el cambio de Gobierno.

Habrá tareas preventivas en estaciones de trenes y demás sitios específicos. “Aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, adelantó.

“No queremos que usen a los niños como escudos. Los niños que deben estar en la escuela. El primer responsable es quien los lleva”, resaltó y advirtió graves penas para quienes lleven menores a marchas.

“Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria.

Esto ocurrirá en caso de detenciones: “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes . Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”.

Consecuencias para ellos: “Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”.

La respuesta de los piqueteros y representantes sindicales

Representantes del Polo Obrero y el Partido Obrero -que forman parte de Unidad Piquetera- ratificaron la marcha del 20 de diciembre, en recuerdo del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001: “Se van a movilizar 50 mil personas”.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano; la excandidata a jefa de Gobierno del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, brindaron una conferencia de prensa para rechazar el protocolo contra piquetes.

En la Argentina existe el derecho constitucional para manifestarse, es el derecho a defenderse ante semejante agresión”, remarcó Solano. “En Argentina no queremos la paz de los cementerios”, agregó.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que “no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta”.

“Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y detalló: “Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.

El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

“Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, agregó.

Aguiar señaló además que no existe norma que defina qué es una protesta. “La única limitación que existe es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria”, profundizó.