La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) convocó para el próximo miércoles a una nueva audiencia entre las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Nación por el fallo que ordenó a este último restituir los fondos coparticipables que le corresponden a la CABA.

El fallo, de 2022, dispuso sin resolver la cuestión de fondo que la administración porteña debe recibir el 2,95%. El Gobierno nacional de Alberto Fernández lo había bajado del 3,5% a ,1,4%. El Frente de Todos no había pagado ese dinero y la gestión libertaria de Javier Milei empezó en agosto de este año a hacer pagos semanales discrecionales, pese a que el GCBA exige transferencias diarias “por goteo”.

Ahora, el responsable de la secretaría de Juicios Originarios, Alejandro Rodríguez, citó “al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al señor Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo” al encuentro del próximo miércoles al mediodía.

El funcionario judicial ya los había convocado el 22 de agosto pasado. A ese encuentro concurrió Jorge Macri, pero no Caputo. No hubo acuerdo entre partes en ese momento.

En el Gobierno nacional cuestionan el monto establecido en el fallo de 2022. Los abogados Alejandro Lannegrasse y Carlos Pistarini, en representación del Estado Nacional –Ministerio de Economía hicieron saber que mantenían el pedido de revocatoria, “en especial en lo que atañe al porcentaje dispuesto” por la Corte de 2,95%, que “esta parte considera infundado y excesivo en el marco de las pretensiones expuestas por ambas partes”, consigna Infobae.

Los abogados afirmaron que el Estado Nacional afirmó que “a partir de agosto de 2024 el Estado Nacional comenzó a realizar transferencias presupuestarias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en concepto de pagos a los fines de completar el 1,55% adicional establecido por la Medida Cautelar” y destacó que esas transferencias “permiten completar la diferencia entre el 1,4% transferido diariamente de manera automática por el Banco de la Nación Argentina con arreglo al coeficiente de coparticipación de impuestos por la ley 23.548 y el 2,95% establecido en la medida cautelar”.

Describió que “el procedimiento consiste en adelantar en cuotas partes semanales automáticas, todos los últimos días hábiles de cada semana”. Así, señaló, durante agosto 2024, la estimación inicial del 1,55% había arrojado un número del orden de $85.643.000.000. “En función de las estimaciones de recursos, todos los viernes de agosto se transfirió a la CABA $20.000 millones semanales, totalizando un monto mensual de $100.000 millones.

El monto resultante del cálculo del 1,55% por recursos efectivamente transferidos por Coparticipación Federal, para todo el mes de agosto ascendió a $89.560.597.699,16. Esto representó un ingreso adicional y por adelantado para la CABA, por las transferencias automáticas enviadas por el Estado Nacional durante el citado mes de agosto de $10.439.402.300,84″, plantean en el Gobierno nacional.

También se afirmó que “en posteriores meses, seguirán haciéndose pagos semanales de $20.000 millones que será ajustado mensualmente en base a las diferencias que surjan entre el cálculo del 1,55% de la masa coparticipable y los pagos efectivamente realizados durante el último mes cerrado”.

“Para tomar dimensión de la crítica situación financiera, el Estado Nacional no puede comprometer más recursos de los que corresponden por los servicios de seguridad transferidos a la CABA. Lo responsable es llegar a un acuerdo que sea sustentable. Cumplir la medida cautelar en la forma que fue dictada sería un verdadero ajuste para nuestro país que implicaría hoy, por ejemplo, reducir asignaciones, programas sociales y partidas asociadas a la Salud y Educación, Justicia y Seguridad; implicaría lisa y llanamente reducir el presupuesto anual como así también todo tipo de transferencias corrientes a Provincias y Universidades”, resaltaron.

Los abogados de la Procuración General del Gobierno porteño afirmaron que en el presente “se mantiene el incumplimiento del Estado Nacional a la medida cautelar” del 2022. La gestión local afirmó que “las transferencias efectuadas han continuado siendo por un monto en peso equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en la artículo 2 de la ley 23548 y no el 2,95% dispuesto en la sentencia”.

“El Estado Nacional ha efectuado durante el mes de agosto del 2024 cinco depósitos parciales” por un total 100.000 millones de pesos “en forma en inconsulta y sin consenso alguno”, agregaron.

Los abogados sumaron que la suma nominal entregada desde el dictado de la cautelar asciende a $976.119.385316,96: “Es decir que aún con el pago discrecional efectuado el Estado Nacional la adeudaría al GCBA la su nominal de $876.199.385.316,96, ello sin perjuicio de reiterar que los pagos efectos serán imputados en nuestra calidad de acreedores a los intereses generados en la deuda existente desde el dictado de la medida cautelar”.

“No requiere demasiado esfuerzo advertir que el Estado Nacional continúa incumpliendo deliberadamente la medida cautelar ordenada en la causa”, resaltaron y dijeron que el Gobierno nacional “hizo una interpretación sesgada” del fallo de 2022, por eso no se puede “tolerar esta incumplimiento y el mecanismo arbitrario someter a CABA a la decisión unilateral de la Nación respecto de recursos que legítimamente le corresponden”.