La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires reclama al Gobierno porteño acciones urgentes y que asigne las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad y un trato digno a las personas en situación de calle, mediante una resolución firmada por su titular María Rosa Muiños.

“En un contexto marcado por la crisis social y económica del país, el organismo de control porteño entiende que las medidas de asistencia establecidas por el gobierno son “insuficientes”. Desde fines de mayo hasta la primera semana de julio, se registraron al menos seis personas fallecidas en situación de vulnerabilidad y desamparo en la Ciudad de Buenos Aires”, expuso la Defensoría en un comunicado.

En respuesta a esta situación, la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, firmó una resolución que reclama al Gobierno de la Ciudad que “arbitre los medios necesarios a efectos de disponer –con carácter de urgente– dispositivos de alojamiento transitorio de emergencia destinados exclusivamente a personas en situación de calle y/o vulnerabilidad habitacional”.

“En los últimos meses se han recibido denuncias, con registro fotográfico y de video, donde funcionarios del Ministerio de Espacio Público y de la Policía de la Ciudad han expulsado violentamente de la vía pública a personas en situación de calle. La titular del organismo requirió a los Ministros de Seguridad y de Espacio Público e Higiene Urbana que “hagan cesar cualquier accionar violento contra las personas en hipervulnerabilidad social””, indica la Defensoría.

“Llama la atención que ante el inicio de un nuevo periodo invernal no se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar la disposición de lugares excepcionales que cumplan la función de alojamiento de emergencia para la población en situación de calle, como se hiciera en años anteriores”, subraya el tramite iniciado de oficio por la institución.

“Cabe destacar que la Constitución de la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Asimismo, la Ley 3.706 sancionada por la Legislatura porteña establece que es deber del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar acciones tendientes a proteger los derechos y el acceso igualitario a las oportunidades de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo”, concluyó la Defensoría.