El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires informó este lunes que la Justicia ordenó al Gobierno porteño garantizar el derecho a la educación inclusiva para personas con discapacidad mayores de edad.

El titular del Juzgado N° 23 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, hizo lugar al amparo presentado por la Defensa Pública, en el que se solicitaba a la Justicia que “proteja los derechos de las personas mayores de 22 años con necesidades educativas especiales”.

El magistrado ordenó “ofrecer cursos y talleres dirigidos a las personas con discapacidad mayores de 22 años que resulten accesibles”, debiendo para ello cumplir tres condiciones: existencia de vacantes disponibles para todas las personas interesadas; garantizar una carga horaria previsible y razonable de cursos y talleres; garantizar el servicio de transporte y alimentación

La Defensa Pública recordó que la medida cautelar tuvo lugar a raíz de la decisión del GCBA de “eliminar o reducir la oferta educativa de talleres en Escuelas Especiales y de Formación Laboral para personas con discapacidad mayores de 22 años, y la eliminación del servicio de alimentación y transporte”.