Ante un amparo del Gobierno porteño, el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa le ordenó al Gobierno nacional -a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)- que en 30 días resuelva un expediente administrativo para que el GCBA pueda importar 60 pistolas no letales Taser.

La administración capitalina había hecho la presentación en noviembre, aduciendo que la ANMAC (dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación) no resolvía la importación de las pistolas eléctricas.

Por su parte, el magistrado dijo, en un escrito firmado la semana pasada, que “la Administración tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares”. Expuso que la ANMAC en la causa “no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora”.

El reclamo del Gobierno porteño es extenso, pero esta semana volvió a estar en agenda debido al asesinato de una policía porteña en la estación Retiro de la Línea C de subtes.

El ministro de Justicia y Seguridad de licencia, Marcelo D’Alessandro, dijo que “el enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser”.

“Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes. Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan”, sumó.