El legislador porteño y presidente del bloque Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó un proyecto de Ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de crear el “Programa de Inspección Polivalente” para implementar el modelo de fiscalización coyuntural de la actividad comercial de CABA. Las diputadas porteñas Graciela Ocaña, Silvia Imas y Patricia Glize, del bloque oficialista Vamos por más, son coautoras.

La autoridad de aplicación será la Agencia Gubernamental de Control (AGC) e incluirá la fiscalización de la Ley de publicidad exterior y actividades desarrolladas en espacios públicos, entre otras. No alcanza a inspecciones por temas tributarios y laborales.

La defensa sostiene que la fiscalización de la actividad comercial está a cargo de varios organismos porteños, entre ellos la Subsecretaría de Control de Higiene Urbana, la Dirección General de Fiscalización Urbana, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia Gubernamental de Control.

El proyecto también fundamenta que la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos e involucra a más de cinco inspectores, que ingresan a un mismo local para controlar en diferentes momentos. Esto derivan en más tiempo y trabajo de los comerciantes en controles e inspecciones.

“El proyecto implica el reemplazo de la fiscalización de tipo estructural vigente por una fiscalización de tipo coyuntural, cuyo foco estaría puesto en la detección de faltas furtivas y su subsanación. Este cambio de paradigma no solo implicaría un ahorro significativo de recursos a corto plazo, sino que además su implementación demandaría costos triviales, ya que no exige un cambio estructural, sino sólo un cambio de diseño. Pero como contrapartida, nos ahorraríamos miles de inspecciones duplicadas”, destacó Santoro.

Agregó que “en este marco, la fiscalización de buena parte de la actividad comercial sería realizada por una única figura, el inspector polivalente, quien estaría facultado para controlar la documentación, las posibles faltas y su corrección, evitando la duplicidad de inspecciones a la misma entidad inspeccionable”, explicó.

Se propone que el titular de la actividad comercial sea avisado de la visita con al menos 30 días, salvo cuando deben intervenir organismos gubernamentales del área de Trabajo y AGIP.

“El proceder actual y la distribución de funciones y facultades, conlleva un evidente despilfarro de recursos públicos en claro perjuicio de los contribuyentes. Por ello, centramos nuestro interés en modernizar el procedimiento de fiscalización de la actividad comercial”, finalizó el legislador porteño.