Durante el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación sobre las reformas en materia judicial del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el presidente Javier Milei, el juez civil y expresidente y prosecretario de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) Marcelo Gallo Tagle rechazó el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. También se expresó la exjueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci contra cambios al Código Civil.

El artículo 349 del proyecto de Ley establece que el Gobierno nacional impulsará “todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice” el traspaso a la CABA.

Gallo Tagle dijo que el traspaso es “inconstitucional”: “El Estado se integra con el gobierno federal y los provinciales. La ciudad de Buenos Aires, si bien es calificada como gobierno autónomo, carece de una verdadera autonomía institucional. Su personalidad jurídica y política no emana de un poder originario y propio sino que es producto de la voluntad de un ente superior, la nación argentina expresada en la Constitución”.

“Lo que se defiende es el respeto de la independencia del Poder Judicial, de la división de poderes, objetivos que redundan en los beneficios a los ciudadanos de tener jueces independientes, probos y con capacidad para defender sus decisiones”, remarcó.

“No parece que la ciudadanía hoy esté preocupada por un tema como el traspaso”- y que “no hay plata para hacer este trabajo”, aseguró y sumó: “Hoy la justicia nacional funciona con el aporte de las provincias. Al hacerse el traslado ¿se hace con esas partidas provinciales? Claramente no creo que sea así. En 2016, cuando había uniformidad en el signo político de la ciudad, la provincia y la nación, se intentó y tampoco se logró por una razón: lo que nace mal difícilmente pueda concluir en éxito”.

Por su parte, Carlucci es especialista en derecho civil y al exponer representó al Instituto Argentino del Derecho del Consumidor. También a un centenar de profesores universitarios que firmaron una carta abierta.

“Las reformas propuestas al Código no tienen ninguna relación con el déficit del Estado, ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con la libertad y mucho menos con lo que el pueblo votó, a quien nunca se le dijo en campaña que se reformaría el Código Civil y Comercial”, planteó.

“El proyecto de Ley contradice la sistemática del Código Civil y Comercial de la Nación, incentivando un foco de conflicto interpretativo con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación por parte de operadores que son jurídicos y no jurídicos y, consecuentemente, el perjuicio que esto le causa a las destinatarias y destinatarios de las normas; es decir, a todas las personas que están en el territorio argentino”, agregó.