Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y la oposición busca sesionar para impedirlo
El Decreto firmado por el presidente afirma que "el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente".
Tal como había adelantado, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.757, luego de la masiva Marcha Federal Universitaria que se desarrolló este miércoles frente al Congreso de la Nación. La oposición busca sesionar el 9 de octubre en Diputados para impedirlo.
A diferencia del veto a la Ley de movilidad jubilatoria, en el que hubo “87 héroes” de la Cámara baja (radicales, PRO, La Libertad Avanza y otros bloques regionales) que apoyaron a Milei, ahora no hay certezas de si habrá un apoyo mayoritario de la oposición dialoguista a lo que pretende el Poder Ejecutivo nacional. De todos modos, no hay números concretos sobre cómo sería la votación en el recinto.
El Decreto 879/2024 indica que “el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, y que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo.”
Además, asegura que “que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”.
“En atención a la falta de claridad de las disposiciones sancionadas, se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de $1.516.944.675.060. Que la recomposición salarial para el personal de las entidades de educación representó un incremento del orden del 87 % por el período comprendido entre diciembre 2023 y agosto 2024, y en términos comparativos con el resto del personal de la Administración Pública Nacional se aprecia que dicho porcentaje se ubica en el 78 %, mientras que la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC para ese período alcanza un 144 %”, agrega.