La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno nacional retirará el artículo de la Ley Ómnibus que obligaba a pedir permiso para reuniones de tres o más personas. “Es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro”, señaló la funcionaria ante la reunión de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

“Para facilitar la discusión, y como en realidad tres o más, cinco, uno, 10 o 10 que corten una autopista o un puente o que impidan la circulación de tránsito da lo mismo, y generó esta confusión; vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese articulo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro”, expuso Bullrich ante los diputados nacionales.

La ministra señaló que con la Ley Ómnibus se busca “terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada lo cual implica entorpecer el transporte y la posibilidad de circulación de las personas”. Añadió que “cuando las manifestaciones sean grandes las vamos a encauzar en las veredas porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles”.

Mediante el artículo 331 del proyecto de Ley Ómnibus se define sobre “Reunión o manifestación”: “A efectos de este Capítulo de la ley, entiéndase por “reunión” o “manifestación” a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”.

El artículo 333 añade: “Notificación. Toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas. En dicha notificación deberán detallar las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados”.

Si bien planteaba límites a la protesta y los piquetes, la redacción generaba confusión, algo que fue planteado por la oposición y también por organismos civiles, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Agustina Lloret, abogada coordinadora del área de litigio, había planteado: “Para los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las formas que tiene el Estado de desincentivar el derecho de la protesta”.

El abogado y profesor de derecho penal (Universidad Di Tella) Marcos Aldazabal, analizó ante Página 12: “Con todo esto, lo único que hacen es darle discrecionalidad al gobierno para reprimir y perseguir. De más está decir que la policía no va a controlar a todos los grupos de tres personas que caminan por la calle. Pero es una carta blanca para ir a buscar en cualquier momento a quienes se considere ‘molestos’ y disciplinarlos. Caminar de a tres, para algunos, será ponerse en peligro de ser reprimidos por el estado”.

El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, afirmó: Hay normas raras, como el tema de que las reuniones de más de tres personas tengan que ser informadas al Ministerio de Seguridad. Esta reforma aplica en todo el país, cuando la seguridad es un tema local y de cada provincia”.

“Por supuesto que todo el mundo está satisfecho en que se reestablezca el orden cuando ha habido abusos y excesos. Hay que tener mucho cuidado porque la protesta y el derecho de reunión son constitucionales, y hay que buscar de manera que no se llegue a criminalizar la protesta”, agregó ante Radio Mitre.