Con el patrocinio de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5 interinamente a cargo de Giselle Furlong Pader, vecinos de Villa Lugano (Comuna 8) presentaron un amparo colectivo para que el Gobierno porteño y la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) “no avancen en el Proyecto Master Plan Autopista Dellepiane, sin antes brindar la debida información a quienes habitan en el barrio y garantizar la participación real de la comunidad”, informó el Ministerio Público de la Defensa de la CABA.

La obra proyectada va desde el cruce de la Autopista Dellepiane sobre la Av. Gral. Paz hasta el Peaje Dellepiane, en la conexión con las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Abarca un tramo de 4,6 km y una superficie de 634.730 m2 e incluye “el rediseño de la traza actual de la autopista, la incorporación de un carril para metrobús, la terminación de las colectoras, la ampliación de los puentes y la ejecución de un parque lineal a los lados de las trazas”, repasó el MPD.

Además de la detención de la obra, las y los vecinos requirieron que se ordene al Gobierno porteño y a la empresa AUSA facilitar “la información completa del proyecto que ya habían requerido mediante diversas solicitudes de información pública”.

Asimismo, pidieron que se ordene al GCBA “convocar a un proceso participativo institucional y vinculante” que se inicie previo al desarrollo de la primera etapa de la obra y que se establezca “un control judicial mediante el cual se lleven a cabo los canales participativos a fin de garantizar la continuidad de los mismos y el respeto de los acuerdos logrados”. Por último, pidieron que se convoque a una audiencia para facilitar el diálogo entre las distintas partes del proceso judicial, expuso la Defensa Pública.

“Debido a que la implementación del proyecto implica extraer un número significativo de árboles —tarea que estaría muy próxima a iniciarse —, mientras se sustancia la causa, las y los afectados requirieron como medida cautelar suspender todo tipo de actividad extractiva”, explicó el MPD.

Según se explica en el amparo, la remoción del arbolado sin que exista un área donde trasplantarlo —y sin que se haya realizado un relevamiento exhaustivo de las especies afectadas, su estado fitosanitario y posibilidad de trasplante— podría afectar el ecosistema local, impactando “en el hábitat de especies autóctonas como así también afectando a los habitantes que residen en las inmediaciones”. Asimismo, la reducción del espacio verde “implicaría una disminución en lo que respecta a la superficie absorbente de suelo y además, mayores riesgos en relación a la adaptación al cambio climático, relacionado particularmente con la disminución de la absorción de agua ante precipitaciones así como el incremento del efecto de las islas de calor.” Por ello, según las y los amparistas, antes de proceder con la remoción de los árboles, “resulta imprescindible que se consideren y agoten todas las alternativas posibles que minimicen el impacto ambiental”.

A ello se suma que la instalación de los obradores sobre el suelo descubierto o vegetado, trabajo que ya ha comenzado a realizarse, “provocaría la devastación del ecosistema del lugar, destruyendo la cubierta vegetal y los estratos superficiales del suelo”, repasa la denuncia.

Por estos motivos, tal como se aclara en la presentación, el proyecto “no solo representa una pérdida significativa para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la zona, sino que también podría sentar un precedente riesgoso sobre la preeminencia de obras públicas en detrimento de la sostenibilidad ambiental. Además esto genera una privación del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, y una violación del derecho constitucional a la preservación del patrimonio urbano natural”.

Finalmente, se denuncia en el amparo que quienes residen en la zona “no fueron informados sobre las características y ejecución del proyecto, sus plazos e impacto, a pesar de las consecuencias que tendrá en su calidad de vida”.

Se detalla que “conforme el Informe del relevamiento de las parcelas frentistas de la Autopista Dellepiane desarrollado por las y los vecinos de Villa Lugano, más del 70% manifestó desconocer el proyecto”. Por ello, los y las vecinas solicitaron que el proceso de participación de la comunidad cuente con un control judicial que vele “por el cumplimiento de ciertos estándares reconocidos en las normas internacionales y locales”, tanto en lo que respecta a la información brindada (la cual debe ser completa, veraz, adecuada y oportuna), como al sistema de difusión de la misma (que debe ser un sistema abierto, con información oral y escrita, permanente, formal, previsible y adecuado culturalmente), indicó el Ministerio Público de la Defensa.

“El patrocinio del MPD en este caso se sustenta en el trabajo territorial de los equipos del área de Derecho al Ambiente Sano, dependiente de la Secretaría General de Derechos Humanos y Sociales —a cargo de Julián Besio Moreno— mediante el cual se busca promover una defensa pública integral comprometida con la promoción de la participación comunitaria, el acceso a la información pública y el goce del ambiente sano”, finalizó la Defensa Pública.