Este jueves por la noche hubo manifestaciones de ciudadanos frente a la comisaría 4 de Zavaleta al 400, en Barracas (Comuna 4), Madariaga 6997, en Villa Lugano (Comuna 8), y ante la Comisaría Comunal 15, en Chacarita (Comuna 15), para exigir la libertad de los detenidos en los alrededores del Congreso el miércoles que se debatió la Ley Bases.

Los manifestantes denunciaron que se detuvo a mucha gente que no participó de los incidentes -como la quema del móvil de Cadena 3, el incendio de Ecobici y destrozos al mobiliario público de Plaza Congreso-, incluso que arrestaron a un vendedor callejero o una persona que subía la escalera del subte. Sobre este último caso, Inquilinos Agrupados señaló que es un integrante suyo: “Se lo llevó la policía a nuestro compañero Santi Adano. Lo detienen en la boca del subte por gritar”.

En tanto, el fiscal Carlos Stornelli pidió prisión preventiva para los 33 detenidos, más de 20 arrestados por la Policía de la Ciudad y otra docena por fuerzas federales. Define la jueza María Romilda Servini si los libera o no.

Los arrestados por uniformados porteños fueron trasladados y pasados al fuero federal por pedido de Stornelli. Algunos fueron alojados en Marcos Paz y en Ezeiza, en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Los acusados podrían ser investigados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros.

Según el fiscal, la prisión preventiva es en esta causa “la única alternativa viable para garantizar el éxito de la investigación en curso”.

Ante lo requerido por el fiscal, hubo críticas de organismos de Derechos Humanos. La abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), dijo que la imputación es un “delirio”. Agustina Lloret, coordinadora de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo: “Hay un uso abusivo del derecho penal para criminalizar manifestantes”.

Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), dijo a Página 12: “Lo preocupante –y que se viene dando en situaciones de detenciones en medio de reclamos sociales– son las acusaciones generales. Hay detenciones arbitrarias y la acusación se construye en función de justificar las privaciones de la libertad”.