El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 comenzó ayer el juicio a tres personas acusadas de intentar asesinar a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las puertas de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta el 1° de septiembre del 2022.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, quien cuenta con la colaboración de los auxiliares fiscales Lautaro Fichter, Francisco Lorea Bonete y Juan Manuel Graiño, y de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.

De acuerdo a la acusación, Fernando André Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo intervinieron en la planificación y ejecución del atentado. En virtud de ello, llegan a juicio imputados en carácter de autor, partícipe necesaria y participe secundario, respectivamente, en orden al delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en perjuicio de la exmandataria.

Sabag Montiel además llega acusado por el delito de portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal en carácter de autor; y por la receptación de un arma de fuego, a sabiendas de su procedencia ilegítima, agravado por provenir de un delito cuya pena es mayor a tres años de prisión, en calidad de coautor; en tanto que a Uliarte también se le imputa el delito de tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal en calidad de autora y la receptación del arma de fuego, a sabiendas de su procedencia ilegítima, agravado en los mismos términos, en carácter de coautora.

Planteos preliminares y declaración indagatoria

Pasadas las 10.30, el tribunal dio inicio a la audiencia en la sala AMIA de la sede de Comodoro Py 2002. Dio lectura de las acusaciones y declaró formalmente abierto el debate. Luego, abrió la instancia de planteos preliminares. En este marco, la fiscal Baigún anticipó que hará un pedido de ampliación de la calificación legal con el agravante de violencia de género en forma de violencia política. Al respecto, fundamentó que “la tentativa de dar muerte a quien resulta ser vicepresidenta de la Nación es la forma definitiva de impedir que siga ejerciendo su cargo en la vida pública”.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal rechazó múltiples planteos preliminares de las defensas, que incluían la suspensión de debate y cuestionamientos relativos a la violación del derecho de defensa.

Finalmente, el acusado Sabag Montiel prestó declaración indagatoria. Refirió a su participación en el hecho y señaló: “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muriera”. Por otro lado, negó haber contado de sus planes a Carrizo.

Indicó que Uliarte lo acompañó y lo motivó, y explicó que decidió la ejecución del atentado junto a Uliarte. “[Ella] No estaba segura de lo que yo podía llegar a hacer”, explicó.

Relató que los motivos del atentado fueron que considera a la víctima “una ladrona y una asesina”, y se describió él mismo como “el resultado de múltiples fallas de la justicia”. Sostuvo que tenía problemas económicos y los vinculó a la motivación del hecho. “Me vi humillado. Tenía un buen pasar económico y pase a ser un vendedor de copitos”, afirmó.

Luego se refirió a la ejecución de la tentativa de homicidio. Describió que apuntó el arma aproximadamente a 30 centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner. “Gatillé una vez”, sostuvo. “Sentí que todo paso en dos minutos. Sentí que me pasó un tornado”, explicó después.

Sabag Montiel se reconoció luego en un video sobre los hechos que fue reproducido en la sala a pedido de la fiscalía y declaró que sabía que la exvicepresienta y expresidenta iba a volver ese día a su casa.

El acusado realizó un repaso de los hechos de ese día y señaló que previamente había estado en San Martín, en Quilmes y en el barrio porteño del abasto, siempre acompañado de Uliarte.

“No lo quería hacer, pero sentí que lo tenía hacer”, sostuvo Montiel el hacia el final de su declaración y agregó: “Uno se arrepiente más por sí mismo que por el otro”.

Los hechos y la investigación

Según el requerimiento de elevación a juicio, el 1° de septiembre de 2022, aproximadamente a las 21.00, cuando la entonces vicepresidenta de la Nación llegaba a su domicilio y se encontraba saludando a un grupo de personas que la aguardaban en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, Sabag Montiel apuntó y accionó contra ella un arma de fuego cargada -marca Bersa, modelo Lusber 84-, sin que se produjera el disparo.

La acusación también sostiene que Elizabeth Uliarte estaba presente en las inmediaciones y brindó el acuerdo, la cooperación, y el apoyo moral y logístico para la realización del atentado, y que las tres personas acusadas mantuvieron separadamente diversas comunicaciones de las que surge que planificación el suceso.

Los elementos de prueba relevados por el Ministerio Público Fiscal para llegar a esa conclusión permitieron establecer que, tal como surgió a partir de las filmaciones recabadas y de las antenas activadas por sus celulares, el día del ataque Uliarte y Sabag Montiel estuvieron siempre juntos, cargando el arma de fuego que esa misma noche el segundo utilizó para perpetrar la agresión.

Por otro lado, la acusación fiscal valora las distintas comunicaciones telefónicas de los imputados y señala que ponen en evidencia su responsabilidad en la organización del ataque. En efecto, cita una serie de afirmaciones realizadas por Uliarte en chats de Whatsapp, donde expuso su idea de atentar contra la vida de la vicepresidenta utilizando un arma de fuego. Entre otras, la acusación destaca que de allí se desprenden las siguientes expresiones incriminatorias:

– “Para limpiar Argentina hace falta que corra sangre… Se usar un fierro, no soy francotiradora pero algo es algo. Hay que encontrar un hueco ser estratega. No es fácil pero hay que encontrar la vuelta… Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya”.

– “Ya me tienen re podrida… voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… Estoy con ganas de ser San Martín versión femenina… Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, sé usar un fierro”.

Coetáneamente, Sabag Montiel se expresaba de manera similar en grupos de whatsapp que compartía con terceras personas. Ya en julio de 2022, había indicado que “tenía unas ganas de esperar que salga Cristina y meterle un corchazo”.

En este sentido, la acusación destaca que los imputados barajaron diversas alternativas, incluso la de alquilar un departamento cercano al de Fernández de Kirchner. En efecto, el 23 de agosto, nueve días antes del atentado, Sabag Montiel le envió un mensaje a Uliarte para comunicarle que “Cristina y la gente está reunida en Recoleta… Para pegarle un corchazo”. Frente a ello, su entonces pareja le respondió que el sábado irían a ver un inmueble y que ello implicaba “vivir donde vive Cristina… Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina… Hay que ir y pegarle un corchazo”.

Por otro lado, la pieza acusatoria detalla una comunicación realizada tres días antes de los hechos, el 28 de agosto, en la que Sabag Montiel calculó en un mensaje de audio dirigido a Uliarte los efectos que podría generar el atentado: “Vos llegás a pelar un fierro ahí y llegás a arrancar a los tiros, vos sabés cómo salen todos corriendo, el pánico, el caos que se genera. O sea, es muy difícil que me saquen el fierro porque yo, cuando, si, o sea, si yo disparo, después de los tiros van a saber que yo tengo el fierro; voy a tener que sacar el cargador y me van a sacar el fierro, pero no van a tener las balas. Entonces, me van a cagar a piñas, pero más de uno, a ver, me pueden agarrar entre varios, pero otros van a correr y va a ser muy difícil, qué sé yo”. A esa manifestación Uliarte le respondió que “la onda es que metas el corchazo y te escapes”.

De acuerdo con la acusación, durante el transcurso de aquella jornada de fines de agosto Sabag Montiel se acercó al domicilio de la ex mandataria, pero no pudo lograr su cometido. En la noche le remitió un mensaje a Uliarte en el que le manifestó que “se metió adentro y el escenario, el anfiteatro, lo sacaron (….) Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios y se fue. Ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga, así que ya fue”.

En el requerimiento de elevación se sostiene que los acusados “indudablemente llevaban un plan en mente y en conjunto. Recordemos que, en efecto, Sabag Montiel se mezcló deliberadamente entre simpatizantes de la víctima. Personas que, en alguna medida, podría decirse que fueron consideradas confiables o de baja peligrosidad como para que la vicepresidenta pudiera acercarse a saludar y autografiarles sus libros a muy corta distancia; a una que asegurara el resultado -a traición y sobre seguro- buscado por los imputados, configurándose el escenario propuesto por Brenda Uliarte”.

El contenido de los teléfonos celulares también permitió establecer la tenencia del arma por parte de Uliarte y Sabag Montiel, pues en los dispositivos secuestrados se hallaron fotografías en las que se los puede observar exhibiendo la pistola que luego fue utilizada para llevar a cabo el atentado.

En relación a la intervención de Carrizo en la planificación de los hechos, la acusación señala que aportó un arma de fuego que finalmente no fue utilizada. Sus conversaciones inmediatamente posteriores al hecho muestran que participó en el plan. En efecto, confió a una persona cercana que el atentado “estaba planificado para dentro de una semana (…) hizo todo mal”. Y en otro mensaje sostuvo: “Mirá, no sé si es una buena noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía; yo le di un 22 corto. Recién hablé con la novia y la tiene ella, así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar”. En igual sentido, a otro allegado le señaló “el arma es mía, espero que no salte nada”, que también estaban “pensando en matar al jefe de La Cámpora” y que hacía ya cuatro meses que se encontraban organizando el plan criminal.

La pieza acusatoria detalla también diferentes medidas de investigación realizadas en el caso, como la recepción de declaraciones testimoniales a las personas que habían mantenido algún tipo de contacto con las personas acusadas, la extracción y análisis de la información de los teléfonos celulares aportados, el barrido y análisis de todas sus redes sociales, allanamientos, secuestros de instrumentos digitales y la apertura diversas líneas de investigación en orden a los datos recibidos por actores externos que, voluntariamente, aportaron información relevante para esclarecer los hechos.

En la investigación participaron oficinas especializadas del Ministerio Público Fiscal, como la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC); la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI); la Unidad Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás materiales controlados (UFIARM); la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que conformaron un equipo de trabajo que aportó su especialización en la adopción de las medidas conducentes a la investigación.

El trámite de la causa en la etapa de juicio

En ocasión de ofrecer prueba durante la etapa de juicio, la fiscal Baigún sugirió la convocatoria de más de 300 testigos y la realización de diversas medidas de instrucción suplementaria, que guardaban relación con las hipótesis que todavía son materia de investigación en la etapa instructora. Concretamente, aquella tendiente a establecer la posible participación de miembros de la agrupación conocida como Revolución Federal, y la que tiene por objeto determinar la eventual intervención en el hecho de, al menos, el diputado Gerardo Milman.

Ante tal requerimiento, el tribunal oral decidió tener presentes a los testigos vinculados con esas líneas investigativas, a la espera de lo que surja del debate oral, y rechazó la producción de las medidas que fueron solicitadas al respecto.

Frente a ello, la fiscal recordó al tribunal -en la etapa previa al debate- que “con relación a Revolución Federal, se logró acreditar la conexión de la imputada Uliarte con dicha organización, cuyos integrantes incitaban a la violencia contra la aquí damnificada”, en tanto que “con respecto a la presunta actuación de Milman, se recibió declaración a Jorge Abello, quien dijo haberlo escuchado mencionar, mientras hablaba en un bar con sus secretarias, que tenía conocimiento sobre el plan delictivo pesquisado. Luego, y sucesivamente en varias oportunidades, prestaron testimonio las asesoras en cuestión, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. También se procedió al secuestro y peritaje de los celulares de ambas. Al respecto, no puede soslayarse que la primera de las nombradas manifestó que el contenido de su dispositivo fue eliminado por un perito informático, a la postre identificado como Jorge Teodoro, en las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que presidía Patricia Bullrich y en el que asimismo cumplía funciones directivas Gerardo Milman”.

Seguidamente, la fiscal remarcó que “los indicios de la intervención de más personas incluso fueron respaldados por las circunstancias traídas a colación recientemente por Brenda Uliarte”. Explicó al respecto que el 26 de septiembre de 2023 “la nombrada hizo expresa alusión a la posible vinculación que tendría Sabag Montiel con Revolución Federal y con Milman”, pues “refirió saber que su ex pareja no era capaz de organizar y hacer ‘todo esto’ solo, y que, claramente, hubo alguien detrás de él en la comisión del hecho que nos ocupa. Los antecedentes del caso, que han sido reseñados hasta aquí, dan cuenta de la evidente vinculación entre las medidas que fueron peticionadas por esta fiscalía y denegadas por el Tribunal, y el objeto procesal de estos actuados. Ello, por cuanto dichas diligencias tienden a esclarecer el alcance de la intervención de los aquí imputados y, de esta manera, brindar la respuesta punitiva adecuada al caso.

La fiscal puso de relieve que “la finalidad del juicio es averiguar la verdad en orden a un hecho punible (injusto penal), pero también el grado de responsabilidad que le pudiera corresponder a los imputados”, por lo que “las diligencias requeridas, entonces, no tienden a enjuiciar a otros supuestos coautores y/o partícipes y/o instigadores, sino a determinar de manera precisa el grado de culpabilidad de quienes están efectivamente sometidos a proceso; ello, conforme la hipótesis acusatoria de la suscripta. Reitero, entonces, que no intento por esta vía realizar una investigación que reemplace a la que vienen haciendo otros magistrados; eso es resorte del fiscal y la jueza de instrucción. Mi función es llevar adelante la acusación contra Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo en el marco del juicio”.

Fuente: Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación