A través del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires presidido por Cynthia Hotton, el Ministerio de Salud porteño permitió que en los hospitales públicos de CABA se difunda cartelería de “0800 VIDA”, el teléfono de la “Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable”, integrada por “400 instituciones voluntarias” de todo el país “comprometidas con la defensa de las dos vidas”.

Esta situación generó el repudio de diversas entidades. Entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito CABA, la Red de Docentes por el derecho al Aborto y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

“A más de dos años de haber conquistado con la lucha la Ley de IVE 27610, reafirmamos que los derechos y la salud se garantizan desde el Estado. En todo nuestro país funciona la linea nacional de salud sexual y reproductiva 0800 222 3444 y es importante que se difunda y conozca ya que es la línea creada desde el Programa y la Dirección que funciona del Ministerio de Salud de la Nación”, precisaron.

“Tercerizar en agencias privadas de atención cómo propuesta política del Gobierno de la Ciudad es peligroso porque entonces de quién dependería la rectoría y fiscalización de las obligaciones de una administración autónoma que debe cumplir con garantías mínimas”, sumaron.

“Las organizaciones y personas abajo firmantes repudiamos la constitución de un 0800antiderechos y exigimos que el gobierno de la ciudad lo saque de circulación inmediatamente”, concluyeron.

Luego, Amnistía Internacional planteó: “Preocupa profundamente que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas diseñadas para resguardar el derecho a la salud de las mujeres y personas que deseen gestar”.

Del mismo modo, la legisladora porteña Alejandrina Barry (Frente de Izquierda) expresó: “Presenté un proyecto que exige conocer los términos del acuerdo firmado 0800 VIDA, entre el Consejo Social de CABA de Hotton y el Ministerio de Salud CABA de Quirós que pretende interferir en la aplicación de la ley IVE y la libertad de personas gestantes a elegir y decidir. Esta línea telefónica antiderechos será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la ESI. La salud pública no debe tener interferencias de organizaciones religiosas y confesionales”.