El Sistema Interinstitucional de Control Judicial de Cárceles elaboró un informe que alerta por la superpoblación de detenidos en las comisarías de la Policía de la Ciudad.

Según datos oficiales, entre comisarías y alcaidías, hay capacidad para alojar a 543 personas. No obstante, se registraron 1.155, el doble. Además, muchos duermen en el piso, tienen escaso acceso a la salud y habitan en espacios reducidos.

Estos espacios están pensados para que los detenidos pasen unas 48 horas y luego sean enviados a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF), del Gobierno nacional, pero esto no ocurre por distintos motivos.

Fuentes oficiales señalan desde la pandemia del coronavirus, el SPF recibe presos solo cuando tiene cupos por lo que disminuyó notablemente la recepción de detenidos. De hecho, en el pasado el GCBA hizo denuncias en la Justicia al respecto.

De todos modos, en el SPF afirman que siguen recibiendo presos de CABA, que desde el 16 de mayo de 2020 y hasta marzo de 2022 “se recibieron más de 5.700” personas. Según el Gobierno porteño, el número cayó a lo largo del tiempo: de 18.000 en 2019 a 3.500 en 2021.

En tanto, en el actual informe del Sistema se afirma: “Que de las inspecciones en las tres dependencias policiales citadas, se pudieron observar las peores condiciones de detención y hacinamiento. Falta de agua, ventilación, recreación, sistema médico y la multiplicidad de vulneración de los derechos del colectivo de personas allí alojadas, que se configura -lisa y llanamente- en tratos inadecuados que no se ajustan a los mandatos de la Constitución Nacional”.

Como los detenidos están disposición de un juez, este informe que pide reducir la cantidad de detenidos y mejorar las condiciones humanitarias fue enviado a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Nacional, a la Cámara Federal, a la Cámara del Crimen y a la Cámara Contravencional de la ciudad, son los tribunales de quienes dependen los jueces, consigna Infobae.

El Sistema Interinstitucional de Control Judicial de Cárceles está integrado por jueces, fiscales y representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.